El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de ley para derogar por completo la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como la ley de etiquetado frontal, la cual fue sancionada años atrás con un amplio respaldo legislativo. A pesar de la firme intención de la Casa Rosada por eliminar la normativa, la iniciativa fue recibida con marcado escepticismo y cautela por parte de los bloques de la oposición dialoguista en la Cámara alta. Desde estos sectores aliados ya adelantaron que no existe urgencia para tratar el tema, argumentando que hay otras iniciativas pendientes de mayor relevancia institucional, como la reforma política, y advirtieron que exigirán estudios técnicos y científicos sólidos que justifiquen una medida de tal magnitud antes de avanzar con cualquier debate en comisión.
El proyecto de derogación total lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. Entre los fundamentos principales, el Poder Ejecutivo sostiene que el actual sistema de octógonos negros posee una estructura binaria que dificulta la diferenciación de alimentos con perfiles nutricionales sustancialmente diversos, lo que termina reduciendo la capacidad informativa real del consumidor. Según la visión de Balcarce 50, este esquema no refleja las mejoras parciales que las empresas realizan en la composición de sus productos, eliminando así los incentivos para introducir modificaciones graduales y saludables en las recetas de los alimentos dentro de una misma categoría.
Asimismo, la administración central argumenta que las severas restricciones impuestas en materia de publicidad, comunicación comercial y uso de elementos gráficos en los envases representan limitaciones desproporcionadas sobre actividades económicas lícitas y sobre las estrategias comerciales de la industria alimentaria. En ese sentido, el oficialismo plantea que cualquier regulación de salud pública debe cumplir con criterios de razonabilidad, buscando siempre alternativas menos restrictivas que protejan al consumidor sin asfixiar ni entorpecer el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales del país.
Otro de los puntos centrales del texto oficial hace hincapié en el impacto negativo de la ley sobre las Pequeñas y Medianas Empresas. El Gobierno afirma que las asimetrías regulatorias perjudican especialmente a las pymes, debido a que enfrentan costos fijos de cumplimiento muy elevados para el rediseño de envases, la adecuación de líneas productivas y la administración de stocks. Esta situación, según el Ejecutivo, genera serias dificultades operativas y económicas para los establecimientos de menor escala, fomentando de manera indirecta la concentración del mercado en manos de las grandes corporaciones. Con esta propuesta, la Casa Rosada busca eliminar sobrecostos, fomentar un entorno más competitivo y armonizar la normativa a nivel regional, abriendo un debate legislativo cuyo avance inmediato se mantiene bajo estricta reserva en el Senado.