El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que busca endurecer las sanciones contra la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas y establecer un nuevo marco para la seguridad del país. La iniciativa propone reemplazar la normativa vigente para extender las prohibiciones a cualquier tipo de aprovechamiento de recursos renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina. El texto prevé penas de hasta 20 años de prisión, la inhabilitación para operar en el país, la pérdida de beneficios fiscales y la rescisión de contratos para las empresas infractoras, habilitando además la realización de juicios en ausencia.
En materia de defensa estratégica, el proyecto estipula la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente y compuesto por los principales ministerios y áreas de inteligencia. A su vez, regula la actuación de las fuerzas armadas para proteger el espacio aéreo y marítimo mediante un protocolo de respuestas progresivas ante intrusiones hostiles, reservando el uso de la fuerza letal, como el derribo o el hundimiento, como un recurso extremo y de carácter excepcional que requerirá la autorización expresa del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, la legislación introduce fuertes restricciones para frenar la injerencia extranjera en la política nacional, prohibiendo aportes externos a campañas electorales y tipificando nuevos delitos vinculados al espionaje, el sabotaje y las campañas coordinadas de desinformación. Finalmente, la medida faculta al Estado para bloquear activos financieros ante amenazas inminentes y eleva a rango legal el registro público de entidades vinculadas al terrorismo, consolidando las herramientas vigentes para inmovilizar bienes sospechosos.