La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó de manera oficial el décimo segundo Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina correspondiente al año 2025. El informe, elaborado con datos provistos por las distintas jurisdicciones del país, revela una tendencia a la baja en la cantidad de casos a nivel general, una dinámica que se replicó de manera todavía más marcada en la provincia de Córdoba. De acuerdo con el cruce de datos del registro y la información del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa cordobesa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres se ubicó en 0,50 durante el último año, lo que equivale a un hecho cada 201.172 mujeres. Esta cifra representa un descenso de 0,35 puntos en comparación con la tasa de 0,85 registrada en 2024.
En el territorio cordobés se iniciaron un total de 9 causas judiciales por femicidios que involucraron a 10 víctimas directas, todas ellas mujeres cisgénero. El análisis estadístico detalló que la edad promedio de las víctimas fue de 38,7 años y que en 4 de los 10 casos se identificaron condiciones de interseccionalidad, vinculadas al consumo problemático de sustancias, la situación de prostitución o la migración interprovincial. Además, el informe detectó la existencia de 6 hijos e hijas menores de 21 años que se encontraban a cargo de las mujeres asesinadas, quienes se constituyen como potenciales beneficiarios de la Ley Brisa de reparación económica. En cuanto a la distribución geográfica, 4 de las víctimas fallecieron en Córdoba Capital y las 6 restantes en localidades del interior provincial, distribuidas entre los departamentos Calamuchita, Colón, Punilla, Río Cuarto y Unión.
Por el lado de los agresores, la justicia cordobesa identificó a 10 sujetos activos en las 9 causas tramitadas, debido a que uno de los expedientes cuenta con dos imputados bajo la modalidad de coautoría. La edad promedio de los victimarios se estableció en 44,8 años, registrándose 7 de nacionalidad argentina, 2 paraguaya y 1 uruguaya. Con respecto a la situación procesal y legal al cierre del informe, ocurrido el 31 de diciembre de 2025, 3 de los agresores se quitaron la vida inmediatamente después de cometer el ataque. En consonancia con las directivas vigentes del Ministerio Público Fiscal, 2 de estas causas ya fueron archivadas con la correspondiente citación a los beneficios de la Ley Brisa. Los 7 imputados restantes afrontan el proceso judicial en etapa de investigación, permaneciendo 6 de ellos alojados en unidades carcelarias y uno en libertad, enfrentando en 10 oportunidades la calificación legal prevista en el artículo 80, inciso 11 del Código Penal de la Nación.
El relevamiento judicial ratificó que el conocimiento previo entre la víctima y el victimario continúa siendo un factor determinante, ya que este vínculo existió en la totalidad de los casos cordobeses. Los lazos afectivos o familiares directos incluyeron a 3 exparejas, 2 cónyuges y 2 parejas, sumados al caso de un exyerno que asesinó tanto a su expareja como a la madre de esta. La lista se completó con 3 clientes prostituyentes que dieron muerte a 2 mujeres que ejercían la prostitución. En materia de contexto, 7 episodios se encuadraron dentro del marco de la violencia doméstica y 3 correspondieron a violencia sexual, registrándose en uno de los expedientes ambos contextos de forma simultánea. Asimismo, se constató que en 3 de las causas existían denuncias formales previas por violencia de género, contando dos de ellas con medidas de protección vigentes al momento del crimen.
Los mecanismos utilizados para la comisión de los delitos mostraron una distribución equitativa en la provincia, registrándose 3 muertes por el uso de armas de fuego, 3 por armas blancas y otras 3 mediante el empleo de fuerza física a través de estrangulamientos o golpes. En un caso restante, el estado de conservación del cuerpo impidió determinar la causa del deceso. La vivienda consolidó su posición como el espacio de mayor vulnerabilidad, dado que 8 de los ataques ocurrieron en ámbitos habitacionales, ya fueran del agresor, de la víctima, de uso compartido o pertenecientes a los hijos comunes. Los hechos restantes tuvieron lugar en un espacio público de monte y en un hotel alojamiento. En cuanto al comportamiento posterior, además de los 3 suicidios consumados, se registraron conductas de ocultamiento del cuerpo, simulación de suicidio de la propia víctima, fugas con intentos de autoflagelación, una entrega voluntaria y el secuestro del hijo en común por parte de uno de los prófugos.
El panorama de Córdoba se inserta en un escenario nacional donde el Registro Nacional de Femicidios contabilizó 200 víctimas directas durante 2025, integradas por 196 mujeres cis y 4 mujeres trans y travestis, en el marco de 191 causas tramitadas en 21 jurisdicciones del país. La tasa promedio de Argentina se fijó en 0,85 víctimas cada 100.000 mujeres, una estadística que se traduce en un femicidio cada 44 horas. En la comparación interanual de los números del país, las víctimas disminuyeron en 28 casos respecto al período anterior, lo que marcó un descenso del 12,3% anual y una baja histórica del 24,1% si se toman como referencia las mediciones iniciadas en 2017. La reducción observada en Córdoba resultó todavía más acentuada que la media nacional, logrando una baja del 41,2% al descender de 17 víctimas en 2024 a las 10 registradas en este último periodo.
Las variables cualitativas de la provincia de Córdoba guardan una estrecha correlación con el comportamiento del fenómeno a nivel país, donde el conocimiento previo entre las partes se mantuvo como regla en el 83% de los casos nacionales, liderado por las relaciones de pareja o expareja con un 59%. De igual manera, el 81% de los hechos en Argentina se produjo en contextos de violencia doméstica y el 78% de las agresiones fatales se ejecutó en el interior de viviendas particulares, al tiempo que en el 44% de los vínculos existían antecedentes de denuncias previas por violencia de género. El informe nacional también arrojó la detección de 144 menores de edad en condiciones de recibir el beneficio de la Ley Brisa y reflejó una alerta institucional al constatar que al menos 20 de los agresores identificados pertenecían o habían formado parte de distintas fuerzas de seguridad, una cifra que duplicó los valores del año previo.
La recolección y el procesamiento de estos indicadores dentro de la provincia de Córdoba estuvieron coordinados por la Oficina de la Mujer local, un organismo que depende directamente del Tribunal Superior de Justicia. El desarrollo de la tarea estadística requirió de una estructura de cooperación interna y externa que incluyó al Ministerio Público Fiscal provincial, la Sub Área de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, el Centro de Gestión Estratégica y Estadísticas, y la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil. Del mismo modo, intervinieron la Unidad Judicial de Homicidios, la Mesa de Entradas del Fuero Penal y múltiples fiscalías y juzgados provinciales, complementando los perfiles sociodemográficos de las víctimas mediante consultas dirigidas al Equipo de Violencias Extremas de la Secretaría de la Mujer de la provincia.