La Fundación Más Vida presentó una denuncia penal contra las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín, responsables de los informes técnicos que permitieron que el pequeño Ángel López fuera entregado en custodia a su madre, Mariela Altamirano. La medida judicial surge tras el brutal asesinato a golpes del menor, hecho por el cual se encuentran detenidos con prisión preventiva tanto la progenitora como su actual pareja en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
La acusación contra las profesionales se centra en los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y emisión de informe falso. Según integrantes de la fundación consultados por la Agencia Noticias Argentinas, las pericias de Leiva y Marín resultaron determinantes para que el juez Pablo José Pérez fallara a favor de la revinculación familiar, una decisión que, según los denunciantes, habría estado motivada por cuestiones ideológicas que forzaron el proceso por encima de la seguridad del niño.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia señala que las psicólogas ni siquiera conocían las condiciones reales de vida de Altamirano, ya que no se realizó el informe ambiental correspondiente. De haberse efectuado, se habría detectado que la vivienda carecía de condiciones básicas y que el grupo familiar dependía diariamente de un comedor barrial para alimentarse. Asimismo, se omitieron antecedentes fundamentales, como el hecho de que la mujer ya había abandonado a Ángel a los pocos meses de vida y que la Justicia ya le había retirado previamente la tenencia de otro de sus hijos.
El deterioro del bienestar de Ángel fue evidente en sus últimos días. Tras ser mudado con su madre, el niño debió ser cambiado de jardín de infantes, donde su maestra dejó registro de un cambio drástico en su comportamiento. Los informes escolares advertían que el pequeño se encontraba visiblemente “enojado y angustiado” poco antes del fatal desenlace, señales de alerta que no fueron contempladas en el proceso judicial que derivó en la tragedia.