Una paciente oncológica se transformó este viernes en el primer caso de muerte por eutanasia en Uruguay, según confirmó una fuente del Colegio Médico de ese país. Este histórico procedimiento se concretó formalmente un mes después de que entrara en vigor la reglamentación y el protocolo sanitario previstos en la ley de muerte asistida, la cual había sido aprobada por el Parlamento el año pasado, consolidando a la nación oriental como pionera en América Latina en esta materia.
Medios locales informaron que el procedimiento fue solicitado por una mujer de 69 años que transitaba un cáncer en etapa terminal. La concreción de esta medida ratificó el rumbo de un Estado laico y habituado a marcar el camino en la región a la hora de legislar sobre derechos civiles, sumando esta normativa a otras reformas de vanguardia como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y la legalización del aborto.
Para Federico Preve, uno de los diputados de la izquierda gobernante que impulsó la norma, se trató de un día simbólico muy importante para el país, manifestando ante la prensa que la persona pudo decidir morir con tranquilidad y según sus propias convicciones. Con este avance, Uruguay se posiciona dentro de un reducido grupo de naciones que han legalizado la muerte asistida a nivel global, compartiendo legislaciones similares con países como España y Países Bajos.
Los requisitos de la normativa uruguaya exigen estrictamente que el paciente solicitante sea mayor de edad, ciudadano o residente legal en el país, y que se encuentre psíquicamente apto. Asimismo, debe cursar la etapa terminal de una patología incurable que le provoque sufrimientos insoportables y un grave deterioro en su calidad de vida.
De acuerdo con el protocolo sanitario establecido, el paciente debe elevar la solicitud formal a un médico, quien dispone de un plazo de hasta tres días para expedirse, requiriendo posteriormente la opinión de un segundo profesional de la salud. Si ambos facultativos coinciden en que se cumplen la totalidad de los requisitos, el procedimiento continúa mediante la administración de los medicamentos específicos determinados por la autoridad sanitaria. El protocolo también garantiza que el solicitante puede revertir su decisión en cualquier momento del proceso sin necesidad de brindar ningún tipo de explicaciones.
Tras conocerse la noticia, desde la organización civil Empatía expresaron que se mantendrán atentos para asegurar que los futuros procedimientos se cumplan sin demoras burocráticas, mientras que la activista Florencia Salgueiro destacó que este primer caso refleja que la ley se convirtió finalmente en una herramienta real para que las personas accedan a una muerte digna. En contrapartida, la aplicación y vigencia de la normativa fue fuertemente cuestionada y rechazada por la Iglesia Católica.