El fiscal Andrés Godoy, a cargo de la investigación por la muerte de Tomás Orihuela, concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a la oficial Antonela Romero. La mujer es la única uniformada que se encontraba privada de su libertad en el marco de la causa, mientras que otros cinco efectivos de la fuerza policial permanecen imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo, pero bajo el régimen de libertad.
Para fundamentar la resolución que favorece a la agente, quien actualmente se encuentra en situación pasiva dentro de la fuerza, el funcionario judicial contempló que la acusada es madre de un niño de cuatro años. Asimismo, la fiscalía determinó que la medida no entorpece el avance de la investigación ni representa un peligro procesal de fuga por parte de la implicada, decisión que se tomó a pesar de la expresa oposición planteada por los familiares de la víctima. Romero es oriunda de la ciudad de Deán Funes y posee su domicilio real en dicha localidad del norte cordobés, donde cumplirá la medida de coerción.
El expediente judicial se inició tras el deceso de Tomás Orihuela, un joven de 19 años que fue detenido por error durante un procedimiento en barrio Bajo Pueyrredón debido a que poseía órdenes de captura que ya se encontraban vencidas. Tras ser alojado en una celda de la Comisaría Sexta de barrio General Paz, el muchacho fue hallado ahorcado en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, donde ingresó en estado de coma irreversible por un edema cerebral y falleció el pasado lunes 27 de abril.
La muerte del joven desencadenó múltiples protestas y graves incidentes en la Capital cordobesa por parte de sus allegados. Uno de los episodios más violentos se registró el 4 de mayo y culminó con un efectivo policial herido de bala, hecho por el cual las autoridades confirmaron recientemente la detención de siete personas, entre las que se incluye a un hermano del joven fallecido.