Este jueves, el Gobierno de Javier Milei anunció que se resolvió dar de baja la jubilación de privilegio que la ex presidenta Cristina Kirchner venía percibiendo, así como también la pensión por el fallecido ex presidente Néstor Kirchner. La decisión, tomada por orden del presidente y en coordinación con el Ministerio de Capital Humano a través de la ANSeS, se formalizó tras la ratificación de la condena penal contra Kirchner por corrupción.
El vocero presidencial comunicó la medida en una conferencia de prensa, explicando que la baja de las asignaciones implica un ahorro significativo para el Estado, que asciende a un total de $21.827.624,65.
Ahorro para el Estado y un mensaje claro
“Esta medida tiene como objetivo reflejar el compromiso del gobierno con la justicia y el bienestar de todos los argentinos. Tras la reciente condena de la ex presidenta, se considera inadmisible que siga percibiendo una asignación excepcional que fue otorgada en su momento por el supuesto buen desempeño y el honor de haber ocupado la función presidencial”, expresó el vocero.
La decisión se produce luego de que la Cámara de Casación Penal ratificara la sentencia de 6 años de prisión para Cristina Kirchner en el marco de la causa conocida como “Vialidad”. En esa causa, se la encontró culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. A pesar de la ratificación de la condena, la ex mandataria ha anunciado su intención de apelar a la Corte Suprema de Justicia.
La postura del Gobierno sobre la condena
El portavoz presidencial fue contundente al explicar que la condena de Kirchner “representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”. En ese sentido, argumentó que el mantenimiento de los beneficios otorgados a Cristina Kirchner durante su mandato no podía justificarse tras la sentencia judicial en su contra.
En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano también subrayó que, dada la condena, la ex presidenta ya no cumple con los requisitos para seguir recibiendo una asignación de privilegio que se otorgó originalmente bajo el supuesto de un “buen desempeño” en el cargo presidencial.
Impacto de la medida
La eliminación de estas asignaciones es vista por el Gobierno como un mensaje claro en favor de la transparencia y la justicia, especialmente en un contexto donde se busca reducir los costos del Estado y eliminar prácticas que, según las autoridades, no se ajustan a los principios de equidad.
La decisión podría generar reacciones en diversos sectores políticos y sociales, en especial entre los seguidores de la ex presidenta, que aún mantienen un fuerte apoyo hacia su figura.
El Ejecutivo destacó que esta medida es parte de un proceso más amplio de reforma y ajuste que tiene como objetivo reformar el sistema político y económico del país, con énfasis en la transparencia y la eficiencia del gasto público.