El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Senado de la Nación un ambicioso y polémico proyecto de ley denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, el cual busca modificar de manera sustancial la normativa vigente y establecer nuevas restricciones para el acceso a la ayuda estatal. La iniciativa surge en un contexto de fuerte tensión política tras la reciente eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y denuncias cruzadas por supuestas irregularidades, funcionando como una estrategia oficialista para redefinir los criterios de asistencia mientras se mantiene el incumplimiento de la Ley de Emergencia dictaminado por la Justicia.
El eje central de la propuesta radica en la derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793, lo que representa un retorno al modelo previo a la declaración de la emergencia y elimina el carácter universal de la ayuda. Según el texto oficial, se establecerá un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales ante organismos como ANSES, ARCA y SINTyS. El incumplimiento de este trámite o la detección de inconsistencias en los cruces de información resultará en la suspensión preventiva automática y la posterior baja definitiva del beneficio.
En materia económica y laboral, el proyecto fija el monto de las pensiones no contributivas en el 70% del haber mínimo jubilatorio, suprimiendo la facultad del Ejecutivo para otorgar aumentos por zona desfavorable o invalidez laboral. Asimismo, se establece una incompatibilidad absoluta entre la percepción del beneficio y el empleo formal, lo que impediría que las personas con discapacidad mantengan la ayuda estatal si logran acceder a un trabajo registrado. La norma también elimina los incentivos para empresas que contratan a personas con discapacidad y suprime el nomenclador que garantizaba aranceles homogéneos, desregulando la negociación de las prestaciones con obras sociales y prepagas.
La iniciativa retoma una visión de la discapacidad centrada exclusivamente en la invalidez laboral, limitando el alcance que la legislación actual otorgaba bajo criterios más amplios de inclusión. Mientras el oficialismo apuesta a consolidar una mayoría en el Senado para su aprobación, se espera una creciente resistencia por parte de los bloques parlamentarios que promovieron la emergencia el año pasado y de las organizaciones sociales que denuncian un retroceso sistemático en los derechos adquiridos. El nuevo esquema de actualización ajustará las pensiones según el haber mínimo y las prestaciones de forma trimestral, incorporando una compensación vinculada al Índice de Precios al Consumidor únicamente en casos de demora excesiva.