Un complejo escenario judicial y penitenciario sacude a la provincia de Córdoba tras la derivación de Jorge Javier Grasso, uno de los principales imputados por el femicidio de Milagros Basto, al pabellón de mujeres de la cárcel de Bouwer. La medida fue confirmada por el fiscal José Bringas, quien precisó que el documento nacional de identidad de Grasso figura con género femenino. El cambio registral se efectuó antes del inicio de la investigación por el crimen de Basto, lo que descartaría que se tratara de una maniobra para evadir la acción de la justicia.
Sin embargo, la estadía de Grasso en el sector femenino generó una escalada de violencia inmediata. A pocas horas de su ingreso, se produjo una fuerte pelea con otra interna que derivó en la intervención de los guardias, resultando uno de los efectivos heridos durante el altercado. Ante esta situación, la secretaria de Gestión Penitenciaria, Nadia Fernández, manifestó la intención de solicitar al Gobierno Nacional el traslado de Grasso a Buenos Aires, argumentando que no puede convivir con la población femenina. La funcionaria cuestionó el uso de la ley vigente por parte de detenidos que, según sus palabras, se encubren en la normativa para obtener beneficios o mantener contacto con potenciales víctimas.
El trasfondo del caso remite al atroz femicidio de Milagros Basto, cuya desaparición fue denunciada a finales de 2024. Tras meses de búsqueda infructuosa, el hallazgo del cuerpo se produjo de manera fortuita en julio del año pasado, cuando albañiles que trabajaban en la vivienda de Grasso —quien cumplía prisión domiciliaria por otro crimen— descubrieron un placard sellado con cemento. Al derribar la estructura, los agentes encontraron los restos de la joven en avanzado estado de descomposición.
Las pericias forenses determinaron que Basto había sido asesinada seis meses antes del hallazgo, coincidiendo con la fecha de su desaparición. Por el hecho permanecen detenidos los hermanos Horacio y Jorge Javier Grasso, este último ahora en el centro de la polémica por su situación registral y los recientes disturbios en el penal de Bouwer. Las autoridades evalúan medidas urgentes para garantizar la seguridad dentro del establecimiento penitenciario mientras se resuelve el pedido de traslado interestatal.