En medio de un nuevo narcoescándalo en Córdoba, el fiscal de instrucción Juan Pablo Klinger solicitó hoy la apertura de una investigación judicial sobre el fiscal Raúl Ramírez, titular de la Fiscalía Móvil de Lucha contra el Narcotráfico en las sedes de Carlos Paz, Cosquín y Cruz del Eje. Esta solicitud eleva el alcance de las investigaciones que ya habían llevado a la imputación de Mauricio Oyola, jefe de la Brigada de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Cruz del Eje, y del secretario de la Fiscalía, Patricio Bazán.
La investigación, centrada en el llamado “corredor de la Ruta 38,” reveló una serie de irregularidades que involucran a personal de la FPA de Cruz del Eje, Deán Funes y Cosquín. Estas incluyen la sospecha de que algunos agentes habrían estado pagando a informantes con droga confiscada, sin entregarla a la Justicia. Siete agentes de la FPA y tres informantes -o “dateros”, como se los conoce en la jerga policial- ya están imputados en esta causa.
Klinger sospecha que, además de Bazán y Oyola, el propio fiscal Ramírez estaba al tanto de estas irregularidades y no las denunció. Por este motivo, solicita al juez de control que investigue a Ramírez por incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y abuso de autoridad.
El caso será asumido por el juez Agustín Cafrerata, quien deberá indagar sobre el rol de Ramírez y sus posibles omisiones en el proceso. Klinger, por su parte, continuará con la investigación de los agentes de la FPA y su presunta colaboración con los informantes.
Raúl Ramírez ya había sorteado en 2018 un pedido de juicio político. En ese momento, el Jurado de Enjuiciamiento rechazó su destitución, luego de que se lo acusara de haber formado parte de la D-2 de la Policía de Córdoba durante la última dictadura cívico-militar. Ahora, su actuación como fiscal vuelve a ser cuestionada, esta vez en un contexto de presunta corrupción dentro de las fuerzas antinarcotráfico de la región.
Fuente: Perfil