A través del Decreto 302/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo determinó un incremento del 0,5% en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que regirá a partir del 1° de mayo. La medida implica una suba controlada en los surtidores, ya que la administración central decidió postergar para el mes de junio el remanente de las actualizaciones pendientes correspondientes a los períodos 2024 y 2025, con el objetivo de atenuar el impacto en el índice inflacionario.
Con este nuevo esquema, el componente impositivo para la nafta sin plomo y la nafta virgen sufrirá un incremento de $10,398 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,637 en el tributo al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el ajuste será de $9,269 en términos generales, con valores diferenciados para la región patagónica y zonas específicas de Buenos Aires y Mendoza. El texto oficial justifica este diferimiento como una estrategia para estimular el crecimiento económico mediante un sendero fiscal sostenible, evitando un traslado brusco de los costos a los consumidores en un contexto de presión sobre los precios energéticos globales por el conflicto en Medio Oriente.
Esta política de desdoblamiento de los aumentos impositivos, que la gestión de Javier Milei viene aplicando de manera recurrente, busca equilibrar la necesidad de recaudación con la urgencia de contener la aceleración de precios de los últimos meses. Sin embargo, esta estrategia conlleva un costo fiscal significativo; según estimaciones de la consultora Economía y Energía, las postergaciones realizadas durante el año anterior representaron una resignación de ingresos para el Estado nacional cercana a los 2.326 millones de dólares.