La Justicia de Córdoba dio un paso firme ante la filtración de documentos sensibles vinculados a una causa de alto impacto social. La Fiscalía de Instrucción Número 8, perteneciente al ex distrito 3 turno 1, resolvió iniciar una investigación penal para identificar a los responsables de la difusión no autorizada del informe preliminar de la autopsia de Tomás Orihuela, el joven que falleció recientemente mientras se encontraba bajo custodia en una dependencia policial.
Esta nueva línea investigativa se abrió de oficio tras la publicación masiva del documento forense en el transcurso de la jornada. Según confirmaron fuentes judiciales, las actuaciones buscan determinar la presunta comisión de los delitos de violación de secretos y entorpecimiento funcional. El objetivo primordial de los magistrados es resguardar la integridad del proceso principal y sancionar el quiebre de la confidencialidad que rige sobre las pruebas periciales, cuya divulgación prematura podría comprometer el avance de la causa donde se investigan las circunstancias del deceso de Orihuela.