El fiscal de instrucción Andrés Godoy ordenó la imputación de seis miembros de la Policía de la Provincia de Córdoba y la detención de una agente de la fuerza, en el marco de la investigación por la muerte de Tomás Orihuela. El joven, de 19 años, fue hallado sin vida el pasado sábado 26 de abril en una celda de la comisaría 6ª, ubicada en el barrio Altos de General Paz. Los uniformados involucrados enfrentan cargos penales bajo las figuras de privación ilegítima de la libertad, homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La resolución judicial se produjo tras analizar una serie de pruebas contundentes, entre las que se destacan dos mensajes de audio que el propio Orihuela le había enviado a su madre expresando su temor a ser detenido de manera injustificada. El joven había recuperado la libertad apenas dos días antes del hecho, tras firmar un juicio abreviado en el penal de Bouwer. Al momento de salir, se le otorgó un oficio judicial que certificaba la baja de sus órdenes de captura, pero dicho documento le fue retenido por el personal policial durante un primer control callejero en el barrio Bajo Pueyrredón el día jueves, bajo el argumento de que el sistema informático interno de los patrulleros aún reflejaba la vigencia de los pedidos de detención.
A pesar de que las autoridades de la sede judicial ya habían verificado la caducidad de los pedidos de captura y habían ordenado su liberación inicial el viernes por la madrugada, el día sábado otra patrulla volvió a arrestar a Orihuela cuando regresaba de una peluquería en el mismo sector. Según la investigación, los efectivos policiales procedieron al arresto y posterior traslado a sabiendas del error informático, e incluso mantuvieron al joven oculto dentro de un patrullero durante más de cuatro horas antes de ingresarlo formalmente a las celdas, desoyendo las directivas de los sumariantes de turno que indicaban que el procedimiento no correspondía.
Aunque los resultados de la autopsia y el análisis de las cámaras de seguridad confirmaron que el deceso se produjo por asfixia por ahorcamiento sin la intervención física de terceros dentro del calabozo, el fiscal determinó que el operativo que desencadenó el trágico desenlace carecía de sustento legal. La fiscalía concluyó que existió un ensañamiento y una detención injustificada por parte de los policías imputados, quienes vulneraron los protocolos institucionales y mantuvieron privado de la libertad a un ciudadano cuya inocencia y situación legal regular ya se encontraban debidamente acreditadas en la misma dependencia.