En el cierre del período de sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional obtuvo este viernes una victoria legislativa clave con la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil. El punto central de la normativa es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de los 16 a los 14 años, alineando a la Argentina con los estándares de la región.
La iniciativa fue aprobada con 44 votos a favor y 27 en contra, contando con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales. Si bien el oficialismo aspiraba inicialmente a fijar el límite en los 13 años, el consenso alcanzado con los sectores aliados permitió avanzar con la propuesta de 14 años. La sesión fue seguida desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, quienes mantuvieron encuentros con referentes oficialistas y de la oposición dialoguista.
El debate estuvo marcado por fuertes cruces reglamentarios y políticos. La oposición, encabezada por el interbloque kirchnerista, cuestionó la lectura de discursos en el recinto y manifestó su preocupación por la falta de partidas presupuestarias para la implementación del sistema. Por su parte, los senadores oficialistas defendieron la urgencia de la reforma como una demanda social impostergable y destacaron que la ley incluye programas educativos, laborales y de reinserción, además de la creación de institutos especializados donde queda estrictamente prohibida la convivencia de menores con detenidos mayores.
La nueva legislación establece escalas penales diferenciadas: para delitos menores se contemplan sanciones como prisión domiciliaria, tareas comunitarias o reparaciones económicas. En tanto, para delitos graves como homicidios o abusos sexuales, la pena máxima se fijó en 15 años de prisión. Para garantizar la operatividad de la norma, el Gobierno se comprometió a destinar una partida superior a los 23.700 millones de pesos, permitiendo además que las provincias firmen convenios de financiación para la aplicación del nuevo sistema.