En una jornada marcada por un extenso debate de más de quince horas, la administración de Javier Milei alcanzó una victoria política clave en la Cámara alta. Con 42 votos a favor y 30 en contra, el Senado aprobó el proyecto de modernización laboral, una iniciativa central del oficialismo que busca transformar las condiciones de contratación y fomentar el empleo formal en el país. El texto ahora será remitido a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo pretende convertirlo en ley antes del 27 de febrero.
La mayoría necesaria para este triunfo fue conformada por el bloque de La Libertad Avanza, con el respaldo estratégico del radicalismo, el PRO y diversas fuerzas provinciales como Provincias Unidas, Frente Social de la Concordia y la Neuquinidad, entre otros. Este apoyo legislativo reflejó además el acompañamiento político de mandatarios provinciales de Salta, Tucumán, Chubut, Neuquén, Corrientes, Córdoba y Misiones. En la vereda opuesta, el rechazo de 30 legisladores fue encabezado por el interbloque peronista, integrado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero, a quienes se sumaron dos representantes de Santa Cruz.
El proyecto propone cambios estructurales en el mercado de trabajo, tales como la implementación de incentivos fiscales para el empleo registrado, el establecimiento de topes a las indemnizaciones y la habilitación de convenios por empresa. Asimismo, la norma introduce el banco de horas y fija límites al derecho de huelga en servicios considerados esenciales. En el tramo final del debate, se incluyó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Respecto a la forma de pago de haberes, se mantuvo la exclusividad para las entidades bancarias, determinando que las billeteras virtuales deberán adecuarse a la normativa del Banco Central para operar en este segmento.
La sesión, que comenzó poco después de las once de la mañana, contó con la presencia de figuras de peso del Ejecutivo como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Durante la discusión en particular, el oficialismo se mantuvo firme y no aceptó las modificaciones propuestas por la oposición peronista, aunque en la votación sobre los aportes obligatorios a gremios y empresas —donde el senador Martín Goerling Lara propuso la voluntariedad— el oficialismo registró un leve descenso a 40 votos. En este punto, finalmente se acordó mantener el sistema de aportes con topes del 2% para afiliados y del 0,5% para las cámaras empresariales.
En el cierre de las exposiciones, Patricia Bullrich, presidenta de la bancada de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa calificando a la legislación actual como obsoleta y necesaria para dinamizar el sector privado. Por el contrario, desde la oposición, José Mayans denunció la inconstitucionalidad de la norma por afectar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Por su parte, el senador Mariano Recalde sostuvo que la ley no generará nuevos puestos de trabajo y que representa un retroceso en los derechos laborales. En contraste, la senadora Carolina Losada auguró que la reforma atraerá inversiones y permitirá fortalecer el sistema previsional mediante el aumento del empleo registrado.