En una jornada de extrema tensión política y social, el oficialismo logró dar media sanción al proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa, que ahora será remitida al Senado para su tratamiento, obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra en la votación general, desarrollándose en simultáneo con movilizaciones en todo el país y un paro general convocado por la CGT.
La aprobación fue posible gracias al respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo e Independencia, junto a legisladores monobloquistas. Por el contrario, la oposición cerrada provino de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la mayoría de Provincias Unidas y los monobloques de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y Jorge Fernández. Durante la votación en particular, el Gobierno consiguió blindar los 26 títulos y 218 artículos del texto, tras haber eliminado previamente el polémico artículo 44 que proponía rebajas salariales por accidentes inculpables.
El debate estuvo signado por fuertes cruces y momentos de desorden en el recinto. El inicio de la sesión se vio empañado cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, dispuso una votación a mano alzada para el plan de labor, lo que provocó que legisladores de la oposición se abalanzaran sobre el estrado para exigir rectificaciones. Asimismo, se registraron incidentes aislados como el apagado de micrófonos entre pares y controversias por la supuesta pérdida de quórum, situación que fue contenida con el apoyo de sectores aliados al oficialismo.
Desde el bloque oficialista, el diputado Lisandro Almirón defendió la norma argumentando que el marco regulatorio actual expulsa a los trabajadores hacia la informalidad y que es imperativo crear empleo genuino. Sin embargo, las voces críticas fueron contundentes: desde el sindicalismo y el peronismo se denunció un retroceso histórico en los derechos laborales, advirtiendo sobre una inminente catarata de pedidos de inconstitucionalidad. Los puntos más cuestionados incluyen la regulación de indemnizaciones, la limitación del derecho a huelga, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos y el desfinanciamiento del INCAA.
Con este resultado, el oficialismo busca acelerar los tiempos legislativos para convertir el proyecto en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias. Para ello, se convocó a un plenario de comisiones este viernes con la intención de emitir dictamen y llevar el debate al recinto del Senado el próximo 27 de febrero. Mientras tanto, referentes de la oposición ya adelantaron su rechazo absoluto y advirtieron que, de aplicarse, la normativa profundizará la litigiosidad y la precariedad en el sector trabajador.