En las últimos días, las autoridades de la localidad de Deán Funes llevan a cabo una exhaustiva investigación tras descubrirse una red de manipulación que afectaría, al menos, a diez adolescentes de entre 15 y 16 años. Según información brindada por allegados a uno de los casos, todo se originó a partir de un engaño laboral difundido en redes sociales, donde delincuentes que suplantaban la identidad de personas conocidas contactaban a las menores para ofrecerles sumas cercanas a los 80.000 pesos por modelar indumentaria destinada a catálogos de marcas de ropa. El modus operandi consistía en ganar la confianza de las víctimas mediante perfiles falsos que simulaban ser modelos o coordinadoras de las empresas mencionadas, solicitando inicialmente fotografías cotidianas bajo la promesa de enviar prendas para una sesión doméstica.
Con el paso de los días, las exigencias de los captadores escalaban hacia la solicitud de contenido de índole íntima. Ante la resistencia de las jóvenes, los delincuentes iniciaban una etapa de extorsión directa basada en datos que habían recabados en conversaciones con las chicas en las cuales brindaban información personal sobre sus familias, lugares de trabajo, horarios. Al acceder a las listas de contactos y redes sociales de las víctimas, los agresores amenazaban con asesinar o dañar a familiares directos cuyos nombres y datos ya poseían. En varios de los reportes, se constató que exigieron pagos de “multas” ficticias de hasta 100.000 pesos bajo la amenaza de difundir el material obtenido o concretar ataques físicos contra sus allegados.
La intervención policial se produjo tras las denuncias de los progenitores, logrando determinar que el engaño comenzaba con el hackeo previo de cuentas de amigos de las jóvenes, lo que anulaba cualquier sospecha inicial sobre los mensajes.
Actualmente, las autoridades peritan los dispositivos electrónicos, algunos de ellos, entregados voluntariamente por las familias para rastrear el origen de los chats y dar con los responsables. Mientras algunas adolescentes lograron interrumpir el contacto a tiempo, otras cedieron ante el pánico generado por las amenazas de muerte y enviaron videos de carácter sexual.
La causa permanece bajo estricto secreto de sumario para identificar si el agresor opera de forma individual o integra una organización criminal de mayor escala.