Con el objetivo de brindar mayor previsibilidad y transparencia a los juicios por salud laboral, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) dispuso, a través del Acuerdo Reglamentario número 169, la creación del Servicio de Peritos Médicos Oficiales del Fuero Laboral (SPeMOL). Esta iniciativa busca elevar la calidad de las decisiones judiciales en los reclamos por daños a la salud de los trabajadores mediante estándares técnicos más exigentes y controlables.
La propuesta, impulsada por el presidente de la Sala Laboral del TSJ, Luis Angulo, surge en un contexto donde este tipo de litigios representa uno de los principales focos de judicialización, siendo la prueba médica un factor determinante para definir la existencia y magnitud de las incapacidades. Ante este escenario, el nuevo esquema introduce mayor seguridad jurídica para los trabajadores y para todo el sistema en su conjunto, reforzando la protección de los damnificados a través de informes rigurosos, transparentes y coherentes en sus criterios. Un aspecto fundamental de la medida es que el acceso a este servicio oficial no implicará costo alguno para el empleado, quien se encuentra exento del pago de tasas, garantizando así la producción de la prueba técnica en óptimas condiciones.
Para lograr evaluaciones más consistentes y comprensibles para todas las partes, el organismo promoverá la implementación de protocolos unificados para la elaboración de los informes. Estas pautas permitirán mejorar la calidad argumentativa de las pericias y facilitarán el control judicial del saber experto, consolidando el rol del juez en la valoración de la prueba técnica.
Respecto a la conformación del cuerpo profesional, los peritos serán seleccionados mediante exigentes concursos públicos que evaluarán antecedentes, conocimientos, resolución de casos y competencias específicas en medicina del trabajo. Con el fin de asegurar la total independencia e imparcialidad de los especialistas, el modelo desvincula sus honorarios del resultado económico del proceso, eliminando cualquier incentivo que pudiera afectar la objetividad de las conclusiones médicas.
El diseño institucional incorpora además una perspectiva plural que contempla la participación de universidades, colegios profesionales, organismos técnicos y diversos actores del ámbito laboral, buscando un esquema legítimo y representativo. Entre las innovaciones principales se destacan la puesta en marcha de mecanismos de control, auditorías, sistemas de evaluación de desempeño y programas de capacitación continua para los profesionales. De este modo, el proyecto se alinea con los objetivos de la Ley de Riesgos del Trabajo, consolidando un aporte institucional enfocado en la prevención y en la adecuada reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.