El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja dictó un fallo clave al ordenar que el Ministerio de Salud de la Nación y el PAMI regularicen la asistencia que reciben los titulares de pensiones no contributivas en la provincia de Córdoba. El magistrado fijó un plazo perentorio de 72 horas para que el gobierno cumpla con la medida cautelar y normalice de forma inmediata el pago de las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Esta resolución judicial responde de manera directa al planteo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, sumado a los oficios e informes aportados por diversas instituciones locales como la Asociación Apadim Córdoba, la Clínica Villa Bustos, el Centro de Vida Alegría, el Centro de Día y Educativo Terapéutico “Mi Lugar” y el Pequeño Cottolengo Don Orione. Todas estas entidades venían denunciando graves complicaciones para sostener la atención de sus pacientes debido a los sistemáticos retrasos en los fondos.
En los fundamentos de su fallo, Vaca Narvaja remarcó que las demoras crónicas en las transferencias económicas y la interrupción en la entrega de medicamentos esenciales ponen en riesgo inminente la continuidad de los tratamientos médicos de un colectivo de alta vulnerabilidad social, afectando de forma directa sus derechos constitucionales a la salud y al desarrollo integral. La resolución judicial advierte que la desatención estatal ocurre en un contexto de numerosos intentos por parte de las autoridades nacionales de evadir o dilatar el cumplimiento de sus obligaciones legales y de los estándares internacionales de protección integral.
Para contextualizar la gravedad de la crisis del sector, el juez destacó en la resolución la vigencia de la ley 27.793 que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Como ejemplo del ahogo financiero que sufren las instituciones prestadoras, el documento judicial citó la situación del Pequeño Cottolengo Don Orione, entidad que debió afrontar un perjuicio de más de 41 millones de pesos solo en concepto de intereses abonados a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por aportes y contribuciones de seguridad social que quedaron impagos debido a la falta de fondos oficiales en lo que va de 2026, una cifra que se suma a los más de 14 millones de pesos perdidos por el mismo motivo durante el periodo 2025.
La medida cautelar dictada por el magistrado federal se extenderá por un término inicial de seis meses o hasta tanto recaiga una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión. Las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y de la obra social de los jubilados ya fueron notificadas formalmente bajo apercibimiento legal en caso de no acatar la orden de regularización en el plazo establecido.