La Fiscalía de Instrucción del Distrito III turno 6°, a cargo de Iván Rodríguez, dispuso la prisión preventiva de la oficial ayudante Oriana Milena Lucena (23) y el sargento Ángel Sebastián Toledo Ramírez (43), de la policía de la Provincia imputados por los delitos de lesiones graves calificadas agravadas, vejaciones, detención ilegal y falsedad ideológica. Se trata de un caso sospechoso de violencia institucional cometido en perjuicio de una vecina de la ciudad de Córdoba.
Como fundamento, se tuvo en cuenta la particular gravedad que revisten -por su modalidad- los hechos investigados, en tanto se trata de lesiones provocadas mediante la utilización ilegal del arma reglamentaria, así como el comportamiento posterior de los imputados para evitar la investigación judicial y procurar su impunidad. Además, se efectuó un análisis interseccional de la situación de la víctima, en tanto que, por su especial situación de vulnerabilidad, cualquier actividad intimidatoria o de manipulación de recursos institucionales que el imputado o la imputada pudieran desplegar se proyectaría de modo particularmente intenso y perjudicial para ella. Esa situación impone la necesidad de garantizar de modo absoluto no solo su integridad y seguridad durante el proceso, sino también el regular desarrollo de la investigación.
La atención de este tipo de casos resulta esencial para modificar prácticas estatales autoritarias y violentas, y refleja, además, el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en el ámbito internacional, en materia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El caso
El 23 de diciembre pasado, en barrio SEP, Córdoba, un incidente con la policía dejó a un joven de 18 años y su madre heridos. La patrulla, con los oficiales Lucena y Toledo, decidió controlar al joven, quien había sido liberado un día antes tras cumplir una condena por robo de celular.
Durante el control, el joven no tenía armas, pero su novia, asustada, corrió a buscar ayuda. Cuando la madre del joven llegó, hubo un altercado que escaló rápidamente. La situación derivó en violencia, con gritos y empujones, y uno de los policías disparó una escopeta con balas de goma, hiriendo al joven y a su madre.
Parte del incidente fue grabado en video y se viralizó, generando indignación. El abogado Carlos Nayi denunció el accionar de los policías, calificándolo de excesivamente violento e injustificado. La fiscalía de Iván Rodríguez, encargada de casos de violencia institucional, tomó el caso.
En enero, los policías fueron detenidos e imputados por lesiones graves calificadas, vejaciones, detención ilegal y falsedad ideológica
