Hoy, a las 9 de la mañana, dio inicio en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 6° Nominación de la ciudad de Córdoba el juicio oral por la muerte de Daniel Enrique Coria, caratulada como homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria. El caso, que se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad y a puertas cerradas, tiene como acusados de participar en el hecho a Carlos Daniel Figueroa, Matías Gabriel Palacios, Héctor Oscar María Figueroa, Michael Joel Figueroa, Martín Ezequiel Silva y Pablo Mario Silva.
El tribunal encargado de impartir justicia está integrado por los camaristas Pablo Brandán (presidente), Enrique Buteler y Esteban Díaz Reyna, junto a jurados populares. La madre de la víctima, Rita Ramona Josefa Carrizo, se presenta en las audiencias en carácter de querellante particular.
Según la acusación fiscal, los hechos se remontan a febrero de 2023. Desde el Establecimiento Penitenciario n.° 2 de Cruz del Eje, donde se encontraba detenido, Pablo Mario Silva habría encargado la muerte de Coria a Carlos Figueroa, Héctor Figueroa y Michael Figueroa, a cambio de una suma de dinero.
La ejecución del crimen se habría producido horas después del encargo en un basural del barrio Parque del Este, en Córdoba, presumiblemente con un arma de fuego. Tras el deceso, los imputados habrían incendiado el cuerpo de la víctima en un intento por hacerlo desaparecer. Días después del suceso, Martín Silva habría entregado el dinero a familiares de los Figueroa (quienes ya se encontraban detenidos) y, además, habría retirado las armas utilizadas en el homicidio.
Por solicitud del Ministerio Público Fiscal, el juicio se lleva a cabo a puertas cerradas. Esta medida busca preservar la seguridad e integridad tanto de los ciudadanos que integran el jurado popular como de los testigos que serán citados a declarar.
A pesar de la restricción general, la Cámara en lo Criminal y Correccional de 6° Nominación autorizó el acceso a la sala de audiencias a los representantes de la prensa debidamente acreditados. No obstante, el tribunal ha prohibido expresamente el registro audiovisual de imágenes que permitan identificar los rostros o cualquier otro rasgo de los integrantes del jurado popular, testigos y víctimas.