El gobernador Martín Llaryora asistió el miércoles a la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia por el reclamo que la Provincia mantiene ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones.
Llaryora hizo un enfático pedido de justicia y solicitó al Máximo Tribunal de Justicia de la Nación que facilite las condiciones para alcanzar un acuerdo o disponga un fallo para que los cordobeses reciban los fondos que corresponden por ley a la Provincia.
“Vengo como gobernador a reclamar y defender un derecho de los cordobeses y en especial de los jubilados”, expresó.
En ese sentido, el Gobernador recordó que la deuda de la Nación con la caja de jubilaciones supera el billón de pesos.
Asimismo, destacó la posición de la Corte Suprema y la valentía de citar a una audiencia de conciliación, defendiendo la institucionalidad.
“A la República le irá bien cuando todos cumplamos las leyes. Y lo que estamos viendo acá es un incumplimiento manifiesto, unilateral, con los aportes que le tienen que mandar a los jubilados cordobeses”, subrayó.
Agregó que la deuda con la Caja supera un billón de pesos, lo que equivale “a casi un 50 por ciento de lo que la Provincia invierte en infraestructura”.
Fruto de esta audiencia, se acordó volver a reunir a las partes dentro de 15 días para analizar propuestas concretas ante el reclamo de Córdoba.
El mandatario provincial, quien estuvo acompañado por el Fiscal de Estado, Jorge Córdoba; el Ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; y su par de Justicia y Trabajo, Julián López, fue recibido por el secretario de Asuntos Originarios, Alejandro Rodríguez, encargado de las causas que se tramitan directamente ante los estrados del máximo tribunal cuando hay conflicto entre provincias, o entre ellas y el Estado nacional.
En su presentación, Llaryora expresó su deseo de encontrar soluciones definitivas al reclamo de la deuda previsional.
Luego, añadió que es el tercer gobernador de la provincia de Córdoba en reclamar lo mismo que antes hicieron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, con un planteo similar que deja en claro que esta situación trasciende a los presidentes de distintos partidos políticos, a diferencias ideológicas, y deja expuesta “una preocupante conducta del Gobierno central, que avanza sobre los derechos de las provincias y afecta tanto al federalismo como al funcionamiento de la República”.
“Pero en este caso, es más grave aún, porque además de reclamar por las dos demandas realizadas por el ex gobernador Juan Schiaretti, de abril y mayo de 2023, hoy enfrentamos la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 280, del 27 de marzo de 2024, por el cual se estableció que directamente se suspendan los envíos que por Ley debe destinar la Nación a la provincia de Córdoba”, expresó.
“Se trata de un punto cúlmine del destrato institucional de la Nación con la provincia de Córdoba y las demás jurisdicciones con Cajas no transferidas, al suprimir de manera unilateral e inconstitucional las partidas del presupuesto 2023, dos veces prorrogado para el año 2024 y 2025. Con ello se pretendió legalizar la afrenta flagrante de llevar los giros obligatorios de la Nación a la provincia para cubrir el déficit previsional de la Caja a cero pesos”, agregó.
Llaryora consideró que tal situación es una “violación de los principios y normas que rigen la Ley de Presupuesto Nacional, establecidos en la Constitución Nacional, que alcanza a lo dispuesto en materia de coparticipación federal, y que no pueden ser suplidos por un Decreto”.
En su argumento, el gobernador consideró que con esta decisión “hay un claro acto de violación del principio federal, principalmente del concepto ‘de lealtad federal’ o ‘buena fe federal’, ya que el DNU 280 de Nación se sustrae unilateralmente de compromisos asumidos en acuerdos previos interfederales suscriptos entre Nación y Provincias respecto a regímenes previsionales no transferidos”.
Asimismo, continuó Llaryora, la actual inobservancia del régimen de asistencia financiera para las provincias cuyos regímenes previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional constituye sin duda “un acto discriminatorio con los jubilados que pertenecen a las provincias que no transfirieron sus Cajas y un debilitamiento grave de la vida institucional de la Argentina, puesto que la normativa aplicable ha sido debatida y acordada en el Congreso de la Nación, en ejercicio de tal premisa constitucional”.
“En definitiva, el incumplimiento persistente del Estado Nacional, de no asumir lo acordado que aquí se reclama, también implica una afectación concreta y grave al funcionamiento de nuestra organización como República”, enfatizó.