La Fiscalía de Instrucción Subrogante de Córdoba, a cargo de Daniela Maluf, dispuso la citación a juicio contra Cristián Walter Bazán, Valentina Milagros Bonilla, Carolina Coseani, Martín Fernando Manuel Cuestaz, Matías Emanuel Díaz, María José Gómez, Mario Guillermo Pereyra Isuani, Paula Carolina Pérez y Valeria Elizabeth Pomar, por considerarlos supuestos coautores del delito de «Asociación ilícita en calidad de organizadores y coautores de estafas reiteradas»
Los sujetos mencionados, aparentemente se confabularon de común acuerdo y habrían conformado una organización criminal destinada a cometer una pluralidad indeterminada de delitos (venta de viviendas irregulares) en prejuicio de terceros.
Además se habrían realizado anuncios publicitarios en los que se promocionaba, en los medios masivos de comunicación, la venta de viviendas prefabricadas con el sistema Steel Framing.
El caso
En una operación llevada a cabo en agosto del año pasado, se realizaron una serie de allanamientos en diferentes puntos de la provincia, culminando con la detención de seis personas y la imputación de tres, entre ellas el locutor Cristian Bazan, por presuntas estafas relacionadas con viviendas prefabricadas.
Tras una exhaustiva investigación sobre supuestas estafas con casas prefabricadas, la fiscal subrogante Daniela Maluf ordenó tres allanamientos en Córdoba, Jesús María y Miramar, que resultaron en la detención de seis individuos. Además, se imputó a otras tres personas por los presuntos delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas.
Uno de los imputados es el locutor y periodista Cristian Bazán, quien aparentemente tendría algún grado de participación en esta maniobra delictiva, aunque no se ha determinado con certeza su nivel de implicación.
Durante los allanamientos, el Departamento de Delitos Económicos incautó elementos y documentación que parecen estar relacionados con esta supuesta asociación ilícita.
Según la información proporcionada oficialmente por la Policía, se trata de una organización que operaba captando personas a través de anuncios publicitarios difundidos en los medios de comunicación masivos, prometiendo la venta de viviendas industrializadas. Una vez recibido el pago, no se procedía a la entrega de las mismas. Como resultado de este engaño, se identificaron numerosos afectados con un perjuicio estimado entre los 18 y 20 millones de pesos.
En los allanamientos se confiscaron elementos relacionados con la causa, como teléfonos celulares, documentación y panfletos publicitarios. Tanto los detenidos como lo incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción Subrogante a cargo de la Dra. Daniela Maluf.
Se cree que todas las víctimas habrían entregado efectivo o vehículos para la construcción de las viviendas, las cuales, en realidad, nunca fueron edificadas.