El oficialismo logró anoche aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa, que consagra por ley desde el 1 de enero de 2024 el programa “Compre sin IVA”, el cual se implementa desde el mes pasado y hasta el 31 de diciembre a través de una resolución del Poder Ejecutivo.
La media sanción de la Cámara Baja, que ahora deberá convalidarse en el Senado, fue aprobada por 134 votos positivos, ninguno en contra y 107 abstenciones.
Juntos por el Cambio optó por esta última postura, luego de haber impulsado un dictamen alternativo que circunscribía el alcance del descuento del IVA para productos de la canasta alimentaria e higiene al 9 de diciembre, “para no condicionar” a la política tributaria de la futura gestión.
En cambio, se sumaron por la positiva el Frente de Izquierda, La Libertad Avanza, el interbloque Federal, Provincias Unidas y el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa (MPN).
De esta manera, el Gobierno avanza a paso firme con su agenda económica parlamentaria que comenzó tres semanas atrás con la aprobación de la eliminación del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, con menos de dos semanas por delante para las elecciones generales.
La medida alcanza a trabajadores del sector público o privado cuyo ingreso mensual no supere los seis Salarios Mínimos Vitales y Móviles, jubilados y pensionados, cuyo ingreso no exceda los seis haberes mínimos; beneficiarios de AUH y de asignación por embarazo; trabajadores/as de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el “Potenciar Trabajo”.
En tanto, estarán excluidos quienes perciban ingresos gravados por el impuesto a las Ganancias y quienes estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.
El reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes.
El reintegro del IVA se efectuará a aquellas compras realizadas con tarjetas de débito, así como también aquellas que se hagan con billeteras de pago electrónico a través de QR.
Cuando los pagos se realicen mediante tarjetas de crédito, la acreditación del monto será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente.
En su articulado, la iniciativa invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables”.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos) precisó que “ya se han superado los 36 mil millones de pesos de reintegros y han resultado beneficiadas 18 millones de personas en el marco de una estimación que hablaba de 20 millones de beneficiarios potenciales”.
“Hay que verlo en toda su dimensión porque es muy superior a la idea de eximir al impuesto de determinados productos que, además de generar problemas en las distintas cadenas de producción y distribución de bienes, no se termina evidenciando en los precios de los productos que no bajan porque se elimine el IVA. En cambio, con la devolución no hay razón para que los precios se muevan, ya que es una medida administrativa de la AFIP que por un lado percibe el impuesto y por el otro se lo reintegra a los sujetos alcanzados a los que se quiere beneficiar”, explicó.
Según el economista del Frente de Todos, la iniciativa contiene un criterio de “progresividad del sistema tributario para llegar a que paguen más los que ganan más y tienen mayor riqueza”.
“Esto genera un inmediato impacto positivo en otro aspecto también, uno en la formalización de actividades porque el comprador está interesado en que se trate de una compra que se facture y tenga IVA porque se lo van a devolver. Esto ayuda a que, a través de medios de pago formales, se vaya generando este mecanismo y esa inclusión de medios formales es imprescindible para poder tener la trazabilidad de las operaciones que se realizan”, completó Heller.
En tanto, afirmó que “no es una medida electoralista” porque entraría en vigencia en enero de 2023 cuando “ya haya otro gobierno electo por la voluntad popular”.
En este sentido, criticó el dictamen de minoría de Juntos por el Cambio que “le ponía una fecha de finalización” el 9 de diciembre, “con lo cual estaríamos aprobando un proyecto que se superpondría con el decreto, pero sería una ley con un plazo fijo de dos meses de duración”.
Sobre los señalamientos sobre la pérdida de recaudación para la AFIP, opinó que se trata de “una mirada corta y restringida del tema porque no tiene en cuenta el impacto que tiene la formalización de operaciones, ni la mayor demanda de bienes y servicios que se produce a partir de la mayor con el poder de compra de esa devolución porque se vuelve a comprar”.
Por Juntos por el Cambio, el diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical) defendió el dictamen de minoría que sólo tendría efecto hasta el 9 de diciembre y denunció que el oficialismo buscaba con esta iniciativa “condicionar una futura política de gobierno”, a tan sólo 10 días de la fecha de elecciones presidenciales generales.
“En el tema del costo fiscal, Heller dijo que todo se va a recuperar, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) dijo que perdemos recaudación y si gastamos lo mismo, profundizamos la crisis fiscal porque si financiamos con emisión, sube la inflación y si la inflación sube, la demanda real del dinero cae”, reflexionó el puntano.