Las autoridades provinciales y nacionales pusieron en marcha el protocolo de emergencia máxima ante la desaparición de Luciana Alarcón, una joven de 15 años de Colonia Caroya. Debido al tiempo transcurrido y a las circunstancias de su ausencia, el Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió activar el programa “Alerta Sofía”, una herramienta de excepción que se aplica exclusivamente en casos donde se considera que la integridad de niños, niñas o adolescentes pueda encontrarse en grave peligro.
A partir de la puesta en marcha de este dispositivo, se inició la difusión inmediata y masiva de la imagen y los datos filiatorios de la menor a través de teléfonos celulares, medios de comunicación de alcance nacional, correos electrónicos y redes sociales. El objetivo de este despliegue coordinado es alcanzar la mayor visibilidad posible en el menor tiempo para apelar a la colaboración de la comunidad y obtener cualquier dato certero que permita dar con su paradero.
En el operativo de búsqueda e investigación interviene un entramado de organismos oficiales y civiles que trabajan en conjunto bajo los lineamientos del programa. Entre ellos se encuentran el Centro Internacional sobre Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), la Procuración General de la Nación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), las Fuerzas Federales de Seguridad y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Asimismo, prestan su colaboración activa la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Consejo de Procuradores y la organización no gubernamental Missing Children.
Este sistema de alerta rápida toma su nombre del emblemático caso de Sofía Herrera, la niña de tres años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego, y cuya búsqueda continúa vigente hasta el día de hoy. El programa fue diseñado inspirándose en esa experiencia extrema con el fin de dotar al Estado de herramientas ágiles y articuladas que eviten demoras burocráticas y maximicen las posibilidades de un pronto retorno al hogar de los menores de edad en situación de riesgo.