Unos diez trabajadores que fueron sometidos a explotación laboral en la provincia de Salta recibirán 15 millones de pesos en concepto de reparación de daños.
Según informó el sitio fiscales.gob.ar, la investigación comenzó en noviembre de 2023 cuando se llevó a cabo una inspección generalizadora en un inmueble de la localidad de Joaquín V. González, al sur de Salta, donde las víctimas, que realizaban tareas de desmonte, trabajaban en condiciones paupérrimas.
La Policía local, agentes de División de Fiscalización de Seguridad Social de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Gabinete de Asistencia a la Víctima detectaron en la finca conocida como “Suri Blanco” que los empleados dormían hacinados en un tráiler, con cuchetas.
Los damnificados declararon que sus jefes no les proporcionaban las herramientas correspondientes, por lo que utilizaban sus propios picos, palas, hachas y machetes, al tiempo que tampoco les suministraban agua potable y no se higienizaban.
Ante cualquier urgencia, los obreros debían comunicarse Ángel Gustavo Enríquez, el cabecilla de la organización y principal imputado.
El empleador, además, se encargaba de buscarlos desde la localidad de Las Lajitas para llevarlos hasta el domicilio, lugar en el que permanecían durante 15 días, y luego los trasladaba para su regreso.
El salario de la mano de obra era de $100.000 quincenales, con un descuento de 30 mil pesos en concepto de alimentos, ofrecidos por Enríquez.
En este contexto, el fiscal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, formularon los cargos en contra del acusado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado, en grado de autor, cuya pena va desde cuatro hasta ocho años de cárcel.
El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que se arribó a un acuerdo para que los afectados perciban una remuneración de $1.500.00 cada uno (un total de 15 millones de pesos) “para reparar los daños” causados a la integridad física y psicológica.
El representante legal de los obreros calificó de “superadora” a la resolución dictaminada por Toranzos y que fue homologada por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio.