El 1° de julio de 2024 entrará en funcionamiento el nuevo Tribunal de Gestión Asociada de Cobros Particulares de Córdoba Capital (TGACP), ubicado en el Fuero Civil de la sede Capital. Este tribunal estará compuesto por los titulares de los Juzgados de Cobros Particulares de 14° y 47° Nominación, junto con un nuevo juez de 53° Nominación.
El TGACP contará con una Oficina de Gestión Judicial Común, estructurada en cuatro unidades: Unidad de Coordinación, Unidad de Trámite, Unidad de Procesos Complejos y Unidad de Ejecución.
El tribunal tendrá competencia en causas iniciadas a partir del 1° de julio relacionadas con deudas dinerarias originadas en tarjetas de crédito, expensas comunes, ejecución de sentencia penal, cheques, letras de cambio, pagarés, saldos de cuenta corriente bancaria y mutuo dinerario. Además, tendrá competencia en causas iniciadas a partir de esa fecha que busquen el pago de obligaciones de dar dinero derivadas de facturas de crédito, deudas a cajas previsionales y colegios profesionales, facturas de servicios públicos y reconocimiento de deudas relacionadas con estos títulos ejecutivos, excluyendo acuerdos de mediación, cobro de alquileres y honorarios.
La reorganización de los juzgados de cobros particulares fue llevada a cabo por el Tribunal Superior de Justicia mediante los Acuerdos Reglamentarios (AR) 1858 y 1859, ambos serie “A”. Esta medida busca optimizar el uso de los recursos humanos y tecnológicos disponibles, adaptándose a las demandas actuales y los cambios en el sistema judicial que requieren una justicia más eficiente y rápida.
Según el AR 1858, las causas en trámite en los Juzgados de Cobros Particulares de 14° y 47° Nominación y en la Secretaría de Gestión Común continuarán en las unidades correspondientes del TGACP según su estado procesal. Asimismo, las causas iniciadas hasta el 30 de junio de 2024 que no sean de competencia exclusiva del TGACP serán redistribuidas a los Juzgados Civiles de la sede Córdoba Capital, conforme al cronograma de migración que comienza el 1° de julio de 2024.
Esta migración incluye procesos de restricción a la capacidad, sumarias, actos de jurisdicción voluntaria, acciones de amparo, desalojos, procesos sucesorios, causas tramitadas por fuero de atracción y juicios arbitrales.