Un informe presentado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación revela un aumento alarmante en el número de causas penales iniciadas contra menores durante el primer semestre del año. Los datos muestran un incremento del 19,5% en la cantidad de causas en comparación con el mismo período del año anterior.
Durante los primeros seis meses de 2023, se iniciaron un total de 1,109 causas penales contra 986 niños, niñas y adolescentes (NNyA). Esto representa un aumento del 19,5% en el número de causas en comparación con el año anterior. La situación es preocupante, ya que indica una tendencia al alza en la involucración de menores en actividades delictivas.
El informe se centra en la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en los siete juzgados nacionales y tres tribunales orales de menores que se ocupan de los delitos tipificados en el Código Penal de la Nación ocurridos en la CABA y que no han sido transferidos al Poder Judicial local.
Además, se destaca que el 90% de los NNyA a los que se les iniciaron causas penales son varones, principalmente argentinos (95%), con residencia en la provincia de Buenos Aires (58%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (41%). La edad promedio de estos menores involucrados en procesos penales es de entre 16 y 17 años (56%).
En cuanto a los delitos registrados, un abrumador 84% se relaciona con delitos contra la propiedad, principalmente robos en sus diferentes formas (78%). El 16% restante corresponde a delitos contra la integridad sexual (34%), contra la administración pública (25%) y contra las personas (9%), entre otros. De este último grupo, 16 causas están relacionadas con el delito de homicidio, incluyendo 2 en grado de tentativa y 3 consumados.
El informe también señala que en el primer semestre, 60 NNyA enfrentaron alguna medida judicial de privación de libertad, que incluye tanto medidas en centros socioeducativos de régimen cerrado como ingreso en hospitales u otros centros de restricción. Esta cifra representa el 6% del total de NNyA involucrados en causas judiciales, lo que indica la gravedad de algunos de los delitos cometidos por estos menores y la necesidad de una respuesta adecuada por parte de las autoridades judiciales y sociales.
