Ante el incremento sostenido de denuncias y consultas por estafas, incumplimientos contractuales y sistemas de financiación irregulares en la venta de viviendas prefabricadas y vehículos usados, el Gobierno de Córdoba reforzó el marco de protección a los consumidores con un conjunto de medidas que ya rigen en todo el territorio provincial.
Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial este miércoles, actualizan y modernizan los registros de Empresas Constructoras de Viviendas Industrializadas y de Agencias de Vehículos Usados.
Con esta acción, la Provincia apunta a brindar mayor transparencia en dos sectores que concentran operaciones de alto valor económico y que, en los últimos años, han registrado un crecimiento significativo de casos vinculados a fraudes y publicidad engañosa.
Además, se anunció la creación del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor.
Las normativas se implementan a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Científico Tecnológica y la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.
Con estas iniciativas, la Provincia busca avanzar hacia un esquema de control preventivo: por primera vez, se podrán revisar los contratos, publicidades y documentación que utilizan las empresas antes de que operen en el mercado.
«La provincia está dando un paso fundamental para equilibrar la relación entre proveedores y consumidores. Nuestro objetivo es claro: garantizar transacciones seguras y transparentes, y que el ciudadano tenga toda la información necesaria para ejercer su derecho a elegir libremente», ministro de Producción, Ciencia e Innovación Científico Tecnológica, Pedro Dellarossa.
De esta manera, el Gobierno de la Provincia de Córdoba consolida su estrategia integral de Defensa del Consumidor, poniendo el foco en la prevención, la transparencia y la coordinación institucional en beneficio de todos los ciudadanos.
Registros Actualizados para Mayor Transparencia y Seguridad
La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, a cargo del Dr. Javier Arroyo, publicó en el Boletín Oficial las Resoluciones N° 101/2025 y N° 102/2025, que actualizan y modernizan dos registros esenciales:
- Registro de Empresas Constructoras de Viviendas Industrializadas (RECVI)
Esta resolución establece la obligación de inscripción en un plazo de 30 días para todas las empresas que comercialicen, fabriquen, construyan o publiciten viviendas industrializadas, prefabricadas o sistemas de construcción en seco no tradicional en el territorio cordobés.
- Alcance: Incluye a empresas que trabajen con sistemas de construcción en seco no tradicional, industrializadas o prefabricadas.
- Requisitos: Para la inscripción, las empresas deberán presentar información sobre su solvencia, calidad de productos, e indispensablemente, toda la documentación de vinculación con consumidores y usuarios (contratos, publicidades, remitos, etc.).
- Clave de Protección: La Dirección General revisará que estos documentos cumplan estrictamente con la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor. Si se detectan cláusulas abusivas o incumplimientos a la normativa, podrá negarse la inscripción hasta que se modifique la documentación.
- Transparencia: El registro será público, permitiendo a los consumidores verificar la inscripción de la empresa antes de contratar.
- Obligación de Información: Las empresas de viviendas deberán informar sus datos identificatorios (razón social, CUIT, domicilio, etc.) en todos sus sitios web y redes sociales.
- Incumplimiento: Las empresas no inscriptas, una vez vencido el plazo, serán pasibles de sanciones.
- Registro de Agencias de Vehículos Usados – Compra Segura (RAVUCS).
La nueva normativa exige la inscripción obligatoria, dentro de los 90 días, a todas las agencias y concesionarias que se dediquen de manera habitual a la comercialización, intermediación o venta de vehículos usados (tanto automotores como motocicletas).
- Objetivo: Adaptar el registro a las problemáticas actuales del mercado de vehículos usados, otorgando mayor seguridad a las operaciones.
- Requisitos: Para la inscripción, las empresas deberán presentar información sobre su solvencia, calidad de productos, e indispensablemente, toda la documentación de vinculación con consumidores y usuarios (contratos, publicidades, remitos, etc.).
- Revisión Contractual: Al igual que en el RECVI, la Dirección General podrá revisar y autorizar los contratos, publicidades y demás documentación utilizada por las agencias para garantizar que respeten la Ley de Defensa del Consumidor.
- Obligación de Información: Las agencias deberán informar sus datos identificatorios (razón social, CUIT, domicilio, etc.) en todos sus sitios web y redes sociales.
- Incumplimiento: Las empresas no inscriptas, una vez vencido el plazo, serán pasibles de sanciones.
Al respecto, el director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia, Javier Arroyo, afirmó: «Con estos registros, la Dirección General asume un rol proactivo. Dejamos de ser solo un organismo de respuesta al reclamo para convertirnos en un organismo de prevención activa. Al revisar y poder objetar la documentación de las empresas antes de que operen, estamos garantizando que la oferta de bienes y servicios sea legal y justa desde el inicio, protegiendo así el patrimonio de las familias cordobesas».
Creación del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor
Complementando estas acciones, se oficializó la creación del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor (CO.PRO.DE.CO.).
Este consejo funcionará como un espacio de articulación interinstitucional clave, integrado por la Dirección General de Defensa del Consumidor y sus delegaciones, autoridades municipales, asociaciones de consumidores, colegios profesionales, universidades y entes reguladores (como el ERSeP).
Entre sus principales funciones se destacan:
- Unificación de Criterios: Homogeneizar y armonizar la aplicación de políticas públicas de protección al consumidor en todo el ámbito provincial.
- Educación y Difusión: Fortalecer la educación, difusión de derechos y la toma de conciencia de los deberes y derechos de los consumidores.
- Articulación: Promover la creación y el adecuado funcionamiento de oficinas de información municipal y asociaciones locales.
Se destaca que la creación y funcionamiento de este Consejo no genera ningún costo adicional o gasto para la Provincia de Córdoba, los Gobiernos Municipales, Comunales ni para los demás entes y organismos intervinientes.