Un reciente estudio exhaustivo del Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez confirmó que el ejercicio de la función de jurado popular transforma radicalmente la percepción ciudadana sobre la administración de justicia. La investigación, que analizó encuestas de 2428 personas entre 2006 y 2024, revela un salto estadístico sorprendente: mientras que antes de participar solo el 56% de los ciudadanos tenía una imagen positiva de la Justicia, tras cumplir con su rol en el juicio oral, esa cifra trepó al 95%. Por el contrario, las opiniones negativas o regulares, que inicialmente alcanzaban al 40% de los encuestados, se redujeron a un marginal 4% luego de la experiencia directa en los tribunales.
El equipo dirigido por Carlos Ferrer y Gonzalo Romero concluyó que la comprensión activa de los procesos y el trato empático de los magistrados son claves para este cambio de paradigma. El informe también destaca la fuerte incidencia de la perspectiva de género en las deliberaciones, especialmente tras la implementación de capacitaciones por parte del Tribunal Superior de Justicia. Según los datos obtenidos, el 93.8% de los jurados aplicó conceptos de género al emitir su voto, una herramienta que resultó fundamental en los 16 juicios vinculados a esta temática registrados durante el último año.
En cuanto al perfil sociodemográfico, el estudio arrojó que el grueso de los participantes tiene entre 31 y 50 años, con una composición diversa que incluye empleados en relación de dependencia, trabajadores autónomos, amas de casa, jubilados y estudiantes. Un dato relevante es que el 87% de los ciudadanos no reportó inconvenientes laborales por cumplir con esta tarea, y la valoración sobre el trato recibido por parte del tribunal superó el 98% de aprobación unánime. Antes de su intervención, casi la mitad de los encuestados obtenía su información judicial únicamente a través de los medios de comunicación, lo que resalta la importancia del contacto real con el servicio de justicia.
Finalmente, la Oficina de Jurados Populares anunció que ya se encuentra publicada en el sitio oficial del Poder Judicial la nómina de personas habilitadas para actuar durante el año 2026 en toda la provincia de Córdoba. Los ciudadanos incluidos en esta lista, que cumplen con los requisitos de la Ley 9182, podrán ser convocados mediante notificaciones telefónicas, correo electrónico o WhatsApp para presentarse en las audiencias. Cabe recordar que el desempeño como jurado constituye una carga pública obligatoria, destinada a garantizar la transparencia y la participación democrática en los procesos penales más relevantes de la región.