La Legislatura de Córdoba aprobó la creación del Ministerio Público de la Defensa, el cual formará parte del Poder Judicial de la Provincia. Fue durante la vigésima novena sesión, encabezada por el presidente provisorio de la Unicameral, legislador Francisco Fortuna.
La creación de esta normativa tiene por objeto “favorecer el acceso a la Justicia de los sectores vulnerables de la sociedad, mediante una asistencia jurídica integral y de calidad para aquellos ciudadanos que la requieran”, explicó la legisladora Julieta Rinaldi al informar el proyecto ante el pleno.
Del mismo modo, la ley garantiza la independencia y autonomía funcional de este ministerio, al precisar que “no se halla sujeto a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura”. Por otra parte, lo relativo a su organización, economía financiera y de recursos humanos dependerá del Tribunal Superior de Justicia.
El flamante órgano se regirá sobre principios establecidos tales como unidad de actuación, priorización del interés de la persona asistida y las reglas de confidencialidad, gratuidad, celeridad y simplicidad en su función.
La legisladora Rinaldi agregó que este nuevo ministerio “estará encabezado por un defensor general y dos defensores adjuntos designados por el Poder Ejecutivo provincial, con acuerdo de la Legislatura”, además de ser integrado por los defensores públicos de diversos fueros.
“Fruto del trabajo en comisiones y de los aportes recibidos, se ha efectuado una modificación constitucionalmente relevante en materia de destitución del defensor general, ya que se contempla su eventual apartamiento por el procedimiento de Jurado de Enjuiciamiento”, aclaró la presidenta de la Comisión de Legislación General.
A su turno, el legislador Juan Manuel Cid destacó que esta creación va en línea con las posturas manifestadas por los colegios profesionales que participaron de las comisiones, como así también del presidente del Tribunal Superior de Justica, Domingo Sesin, del fiscal general, Juan Manuel Delgado y de la ministra de Justicia de la Provincia, Laura Echenique.
Cid, quien encabeza la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, indicó asimismo que la sanción es de conformidad a lo establecido por la Constitución en la reforma de 1994, que acepta la incorporación de esta clase de normas de rango constitucional supranacional, tal como lo sugieren la Organización de los Estados Americanos (OEA), o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El proyecto convertido en ley contó con el acompañamiento en general de los bloques Hacemos por Córdoba, Córdoba Auténtica, Identidad Peronista y Juntos por el Cambio. En la votación en particular, estas últimas tres fuerzas se expresaron en contra del artículo 9. Asimismo, Identidad Peronista rechazó el artículo 22.