La Cámara Nacional del Trabajo suspendió la polémica reforma laboral incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en Argentina. La decisión judicial, resultado de una medida cautelar, responde al pedido presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), dejando en suspenso las modificaciones laborales que entraron en vigencia a nivel nacional el 30 de diciembre.
La reforma laboral afectaba diversos aspectos, desde la interpretación de las normas hasta la contratación, jornada laboral, indemnizaciones y actividad sindical. Uno de los puntos más controversiales que el fallo judicial frenó fue la limitación al derecho a huelga. La medida establecía que en casos de conflictos colectivos que afectaran la prestación de servicios esenciales, las partes debían garantizar una cobertura mínima del servicio.
En el caso de servicios esenciales, la cobertura mínima debía ser del 75%, y en actividades o servicios de importancia trascendental, del 50%. Entre los sectores considerados esenciales estaban los servicios sanitarios, la producción y distribución de agua y energía, servicios aduaneros, educación, entre otros.
Otra área de gran impacto era la modificación de las indemnizaciones por despido, con reducción del monto, excepciones para salarios bajos, posibilidad de sustitución por un fondo o sistema de cese laboral, y contratación de un sistema privado de capitalización. Además, se contemplaba el agravamiento indemnizatorio por despido discriminatorio y la deducción de indemnizaciones en caso de reingreso, entre otros cambios ahora suspendidos.
La reforma también afectaba las condiciones de las licencias, particularmente la licencia por maternidad. El artículo 78 del DNU sustituía al 177 de la Ley N° 20.744 de Contratos de Trabajo, modificando las condiciones de la licencia, permitiendo la reducción de la misma previa al parto, opción no contemplada en la legislación anterior.
Ante la suspensión de estas medidas, el Gobierno anunció que apelará el fallo de la Cámara del Trabajo. La presentación será liderada por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. Los abogados del Estado buscarán que la causa continúe su trámite en el fuero Contencioso Administrativo Federal, siguiendo la recomendación del fiscal del fuero laboral, Juan Manuel Domínguez.