El Gobierno nacional otorgó a nueve provincias la facultad de gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios, permitiendo que las jurisdicciones otorguen concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos. Las provincias habilitadas para iniciar estos procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, en una medida que busca descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.
La disposición fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina y procesado por Agencia Noticias Argentinas, donde se aclara que esta delegación de facultades es de carácter funcional, limitado, temporal y revocable. La normativa especifica que el Estado Nacional mantiene la propiedad de las rutas, señalando que la medida no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados. Además, se fija un límite temporal para los contratos de gestión, los cuales en ningún caso podrán exceder de treinta años contados desde su aprobación.
Para implementar este sistema, cada provincia debe firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad, acuerdos en los que se detallarán los tramos específicos a transferir y el plan de obras previsto. Según el decreto, las provincias deben garantizar el respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero. Finalmente, el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y la Dirección Nacional de Vialidad supervisará el cumplimiento de los contratos, estableciéndose que si una provincia no convoca a licitación en el plazo de un año tras la firma del convenio, se producirá el decaimiento de la delegación respecto del tramo vial afectado.