El Gobierno nacional decidió avanzar con la aprobación del proyecto de reforma laboral aceptando las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, con el objetivo de convertir la iniciativa en ley el próximo viernes 27 de febrero. Según informaron fuentes oficiales, el cronograma diseñado por el oficialismo prevé que el texto sea tratado en el recinto este jueves 19 de febrero para ser devuelto inmediatamente a la Cámara alta, donde la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará emitir dictamen de comisión tan solo un día después.
Esta aceleración de los plazos legislativos busca cerrar un capítulo que generó tensiones internas y con los sectores dialoguistas. Si bien inicialmente se barajó la posibilidad de corregir los puntos más polémicos a través de una reglamentación posterior o una ley complementaria, esta opción fue descartada ante la falta de consenso. La estrategia actual apunta a una validación directa de los cambios realizados en la Cámara baja para asegurar la sanción definitiva sin dilaciones adicionales.
El foco de la controversia se centra en la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula las licencias por enfermedad o accidentes inculpables. El texto bajo análisis establece que, tras los primeros tres meses de licencia, el trabajador percibiría solo el 50% de su salario. Sin embargo, ante el revuelo causado por estas condiciones, Bullrich aclaró que la intención oficial es mantener el pago del 100% en casos de enfermedades graves, aunque bajo una fiscalización más rigurosa que exija certificados fehacientes o la intervención de una junta médica.
La revisión de este artículo cobró relevancia pública tras declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, lo que puso bajo la lupa un punto que inicialmente había pasado desapercibido en el Senado. Con este nuevo esquema de acuerdos, el oficialismo confía en que la estructura de la reforma laboral quede firme antes de que finalice el mes, estableciendo un nuevo marco regulatorio para las relaciones del trabajo en el país.