La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extenderla un año más. La iniciativa fue aprobada con 148 votos a favor frente a 71 en contra, a pesar del rechazo del partido gobernante.
Medidas Clave de la Nueva Ley
Este proyecto busca mejorar la situación de las personas con discapacidad, estableciendo:
- Aumento de pagos: Desde el 1 de diciembre de 2023, los pagos por servicios de discapacidad deberán actualizarse según la inflación acumulada.
- Actualización automática de pensiones: Las pensiones por discapacidad se ajustarán cada mes automáticamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Monto de pensiones: El valor de estas pensiones se mantendrá en el 70% del haber jubilatorio mínimo.
Voces a Favor y en Contra
Durante el debate, varios diputados expresaron sus puntos de vista:
- Soledad Carrizo (UCR): Destacó la necesidad de encontrar una solución “razonable y coherente” para que las personas con discapacidad reciban lo que necesitan.
- Melina Giorgi (Democracia para Siempre): Argumentó que el ajuste económico no debe recaer en el sector de la discapacidad, enfatizando el respeto a sus derechos.
- Vanina Biasi (Frente de Izquierda): Demandó que este grupo reciba la asistencia merecida y que se implementen cambios que mejoren sus vidas.
- Eduardo Valdés (Unión por la Patria): Señaló que los transportistas de personas con discapacidad están teniendo problemas para trabajar por los bajos pagos. También hizo hincapié en el compromiso con los padres que sueñan con el futuro de sus hijos.
Por su parte, Santiago Pauli (La Libertad Avanza) defendió al gobierno, alegando que la emergencia en discapacidad no es culpa de la actual gestión. Culpó a gobiernos anteriores, argumentando que la inflación acumulada bajo su mandato fue menor y que se usaron recursos de discapacidad para “clientelismo político”, beneficiando a personas que no cumplían los requisitos.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo fiscal de esta ley, principalmente por el aumento de las pensiones y posibles nuevos beneficiarios, podría oscilar entre 1.889.371 millones y 3.627.495 millones de pesos. A esto se suma una compensación de $278.323 millones por el desfasaje inflacionario de 2024 y 7.160 millones de pesos para talleres de producción.
La aprobación de esta emergencia era un reclamo de diversos sectores de todo el país, que venían realizando marchas para exigir a los legisladores una ley que actualizara los valores de las prestaciones y las pensiones. Ahora, el proyecto pasará a la Cámara de Senadores para su revisión final.