La investigación por el asesinato de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que conmocionó a Comodoro Rivadavia, dio un giro judicial determinante con la detención de su madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano, y su pareja, Michel González. Ambos permanecen alojados en distintas dependencias policiales tras ser señalados como los presuntos responsables de un “homicidio agravado”, luego de que los informes forenses descartaran de forma tajante cualquier hipótesis de muerte accidental o natural.
Las capturas se hicieron efectivas este domingo por la noche bajo las directivas del fiscal General Facundo Oribones y la funcionaria Diana Guzmán. La orden de detención inmediata, autorizada por el juez penal de turno, se fundamentó en los resultados de la autopsia preliminar, la cual reveló lesiones traumáticas en la región craneal del menor que son compatibles con actos de violencia física de gran intensidad. Altamirano fue trasladada a la localidad de Rada Tilly, mientras que González quedó recluido en General Mosconi, con el fin de mantenerlos incomunicados en celdas separadas previo a su indagatoria.
El abogado Roberto Castillo, representante del padre de la víctima, reforzó la acusación al presentar una ampliación de la denuncia penal por homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte. Según el letrado, el fallecimiento de Ángel fue el desenlace previsible de un escenario de maltrato físico y desamparo sostenido en el tiempo. A estas pruebas técnicas se sumaron testimonios clave de vecinos que denunciaron haber escuchado gritos de dolor del niño en reiteradas ocasiones, lo que complica aún más la situación procesal de la pareja.
En medio de este escenario de indignación social, familiares, amigos y vecinos convocaron a una nueva marcha frente a la Fiscalía de Comodoro Rivadavia para este lunes a las 11:30, con el objetivo de exigir el máximo rigor de la ley para los detenidos. En tanto, para este martes se espera la audiencia de control de detención y apertura formal de la investigación, instancia en la que los acusados tendrán la oportunidad de declarar ante la justicia mientras la comunidad permanece en vilo a la espera de que se esclarezca el rol de cada uno en la producción del trágico resultado.