El Registro Nacional de Reincidencia NUNCA solicitará datos personales ni se contactará por fuera de la página web o la aplicación “MiArgentina” a través de celulares o plataformas complementarias, para tramitar el certificado de antecedentes penales.
El trámite se realiza integralmente de forma digital, sin intermediarios, a través de la página web del Registro en el lapso temporal seleccionado por el usuario.
El proceso de modernización y digitalización de los registros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impulsado desde 2021, permitió que los usuarios que cuenten con DNI argentino puedan gestionar el certificado de antecedentes penales de manera 100% digital.
Actualmente existen 3 tipos de trámites y tarifas: Urgente: 24 horas y cuesta $300; Muy urgente: 6 horas y cuesta $560; Exprés: 1 hora y cuesta $980.
La investigación se inició a raíz de los reclamos recibidos por el Sistema de Información y Gestión al Usuario del Registro Nacional de Reincidencia. En ellos, los usuarios informaron que un sitio web denominado “Trámites Automáticos” les cobraba por un certificado que, en muchos casos, no obtenían.
La banda criminal solicitaba datos desde una página web falsa que simulaba ser el Registro Nacional de Reincidencia y prometía la entrega de certificados de antecedentes penales con la opción de “blanqueo” a quienes tenían causas penales reales. Una vez que dejaban sus datos, se contactaban con la persona interesada por WhatsApp para solicitarle datos personales y ofrecerle diversas formas de pago. Una vez que se acreditaba el pago, se perdía la comunicación.
Ante los primeros reclamos de los usuarios, en febrero de 2022, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación formuló una denuncia penal ante el Juzgado Nacional de Instrucción N° 11 con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 38, bajo el número 7934/2022.
En el marco de la investigación llevada adelante por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 de la Capital Federal, agentes de la Policía Federal Argentina estudiaron los movimientos y la metodología utilizada por la organización ilícita a través del entrecruzamiento de información digital y financiera. A medida que se producían avances en las tareas investigativas, el fiscal interviniente requirió al Registro de Reincidencia el cumplimiento de medidas probatorias, entre las que se destaca el análisis de un listado correspondiente a los presuntos damnificados, labor que fue cumplimentada por el Departamento Servicios Informáticos del organismo.
Durante los diez allanamientos realizados en todo el país, se secuestraron equipos de informática, discos rígidos, celulares y otros elementos de almacenamiento de información, 6 millones de pesos en efectivo y quedaron a disposición de la Justicia nueve de los acusados.