La Justicia cordobesa condenó a una institución educativa privada a indemnizar a una alumna de nivel secundario que sufrió quemaduras de extrema gravedad durante una clase de química. El fallo fue dictado por el juez Gustavo A. Massano, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de 51° Nominación de la ciudad de Córdoba, al determinar que el establecimiento incurrió en un incumplimiento flagrante de sus deberes de seguridad y custodia.
El episodio ocurrió en el marco de la realización del experimento conocido como “la serpiente del faraón”, una práctica que requería el uso de sustancias inflamables para generar una estructura carbonosa. Mientras se desarrollaba la actividad, una compañera de curso añadió alcohol de forma imprudente a una mezcla, lo que desencadenó una deflagración y una posterior expansión ígnea que alcanzó directamente a la damnificada. La joven, que en ese momento tenía 17 años, permaneció internada 70 días en terapia intensiva, debió afrontar decenas de cirugías complejas de ablación e injertos de piel y resultó con secuelas psicofísicas permanentes e incapacitantes.
En su resolución, el magistrado encuadró el vínculo entre el colegio y los estudiantes bajo el régimen de responsabilidad objetiva contemplado en el Código Civil y Comercial de la Nación, así como también dentro de un contrato de consumo donde la escuela actúa como proveedora del servicio educativo y la estudiante como usuaria final. Sobre esta base, desestimó los argumentos de la entidad demandada y de su aseguradora, quienes pretendían desligarse de las consecuencias civiles al calificar el accionar de la otra alumna como un hecho fortuito o imputable a un tercero ajeno.
El juez subrayó que los alumnos se encuentran bajo el deber de tutela institucional, por lo que las conductas imprudentes o irreflexivas propias de la adolescencia constituyen contingencias previsibles que las autoridades escolares deben anticipar y controlar, especialmente en prácticas riesgosas con fuego y materiales combustibles. A su vez, los peritajes de higiene y seguridad incorporados al expediente constataron que el laboratorio carecía de elementos básicos de protección personal, omitía la aplicación de su propio protocolo de seguridad y presentaba un esquema de supervisión deficitario, al contar con una sola docente a cargo de múltiples grupos que manipulaban fuego en simultáneo, sin asistentes técnicos ni control previo sobre los recipientes de alcohol ingresados al aula.