Las compañías de medicina privada han comenzado a notificar a sus afiliados sobre un próximo aumento del 6,97% en las cuotas, programado para octubre. Este incremento se produce a pesar del congelamiento de tarifas anunciado por el Ministro de Economía, Sergio Massa.
Los representantes de estas empresas han aclarado que el anuncio de Massa fue solo eso, un anuncio, ya que hasta el momento no ha sido emitido ningún decreto oficial sobre la cuestión. En consecuencia, las compañías están enviando los avisos de aumento a sus afiliados siguiendo la normativa actual.
El panorama actual muestra que ya en septiembre las empresas de medicina privada están emitiendo facturas con un aumento del 7,18%. Esto sugiere que entre septiembre y octubre, los ajustes acumulativos podrían llegar al 14%, a menos que el gobierno tome una disposición clara al respecto.
El pasado domingo, Massa presentó una serie de medidas tras la devaluación post-PASO, entre ellas la suspensión por 90 días de cualquier aumento en las cuotas de medicina privada para familias cuyos ingresos mensuales no superen los $2 millones.
Desde el 2022, los aumentos en las cuotas de las prepagas se han determinado en función de la variación del índice de costos de salud, elaborado y publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud. Además, en febrero de este año, el gobierno estableció un esquema de ajustes mensuales. Bajo este esquema, si los ingresos no superan cierto nivel, se puede solicitar un tope en el porcentaje de incremento.
Aunque las empresas del sector aún no han expresado públicamente su posición, se está a la espera de la oficialización de estas medidas. No obstante, los referentes de estas compañías insisten en que la decisión carece de lógica, argumentando que otros costos continúan aumentando.
Ante esta situación, se están evaluando diversas alternativas, entre ellas la posibilidad de llevar la medida a los tribunales o implementar copagos (algo que ya ocurre en varias regiones del país). Otra opción que se considera es congelar los honorarios de los proveedores de servicios médicos, una propuesta rechazada de plano por clínicas y sanatorios.
Esta última opción ha sido rechazada por las cámaras que representan a los prestadores de servicios médicos, quienes han advertido que esto podría generar una crisis en todo el sistema.
Desde marzo se ha observado una tendencia de las personas a cambiar de planes médicos, optando por opciones más económicas en lugar de los planes más completos. Esto refleja el esfuerzo de la clase media por mantener un nivel básico de atención de la salud en un contexto de saturación de los hospitales públicos.
Según datos proporcionados por las compañías de medicina privada, por primera vez en mucho tiempo, el número de personas que se han dado de baja en sus planes supera a las altas de nuevos afiliados. Esto no ocurría desde la crisis del 2001.
A lo largo de este año, en los primeros nueve meses, las cuotas habrán aumentado en un 78,1% si se efectúa el aumento de septiembre (o un 63,8% para aquellos con ingresos más bajos, de acuerdo con el acuerdo entre las partes).
En febrero pasado, después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner criticara los aumentos en las cuotas, se modificó el esquema de incrementos. Ahora, aquellos con ingresos netos inferiores a seis veces el salario mínimo deben presentar una declaración jurada para que se les aplique un tope equivalente al 90% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
En la carta enviada a los afiliados, las empresas de medicina privada explican que “para aquellos contratantes con ingresos netos inferiores a SEIS (6) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ($ 675.000,00), el Plan de Servicio Vigente podrá ser ajustado en un NOVENTA POR CIENTO (90%) del RIPTE del mes inmediato anterior publicado, siempre que el mismo sea inferior al ICS. Esta medida estará en vigor durante 18 meses a partir de febrero de 2023, y el incremento previsto para octubre de 2023 no se aplicará en dicho período”.