Efectivos de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Córdoba (DGIC) llevaron adelante una serie de allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad Capital, en el marco de una investigación penal por amenazas calificadas.
Las actuaciones se iniciaron a partir de una denuncia, luego de que se tomara conocimiento de un mensaje que circulaba en un grupo de WhatsApp integrado por jóvenes, en el que se hacía referencia a un posible hecho de violencia armada en un establecimiento educativo.
En este contexto, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó que los procedimientos se enmarcaron en una investigación de la fiscalía penal juvenil y se realizaron a partir de un hecho puntual que estaba siendo analizado. Según detalló, el operativo se llevó adelante desde las primeras horas del día, con intervención judicial y secuestro de elementos clave para la causa.
«Procedimos a identificar a un menor de 13 años, investigado en el hecho, quien integraba un grupo de WhatsApp donde se hablaba de ataques en escuelas, que pertenecería al mismo grupo vinculado al ataque en Santa Fe», indicó elfuncionario.
Ante la gravedad del contenido y el riesgo potencial para la comunidad educativa, se activaron de manera inmediata los protocolos de actuación vigentes. En ese marco, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno, que dispuso medidas urgentes para preservar la seguridad pública e identificar a los responsables.
Con las órdenes judiciales correspondientes, personal de la Dirección General de Investigaciones, junto a grupos tácticos y unidades especiales, concretó los allanamientos dispuestos. Como resultado, se logró el secuestro de dispositivos electrónicos y otros elementos que serán analizados por las áreas de cibercrimen y pericias de la Policía.
El ministro destacó la importancia de la prevención y del trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y el Ministerio de Educación para abordar este tipo de situaciones.
La coordinación entre las áreas permite actuar con rapidez ante eventuales amenazas, resguardar a la comunidad educativa y avanzar en la investigación con herramientas adecuadas. Asimismo, se subrayó la necesidad de un abordaje integral que combine intervención temprana, seguimiento de los casos y concientización en los ámbitos escolar y familiar.
En el marco de los procedimientos, también se procedió a la identificación de un menor de edad vinculado a la causa. Además, se incautaron armas blancas y manuscritos que serán incorporados al expediente para su análisis.
“Lo que se está investigando es un hecho concreto y, a partir del secuestro del teléfono de un menor, se pudo avanzar en el análisis de la información con autorización judicial”, señaló Juan Pablo Quinteros.
Asimismo, el funcionario advirtió sobre la circulación de este tipo de contenidos en entornos digitales: “Habitualmente estos mensajes se difunden en grupos de WhatsApp, donde se empiezan a viralizar y a captar a adolescentes que luego pueden pasar de una actitud pasiva a una participación más activa”.
“Hay que diferenciar a quienes creen que están haciendo una travesura de situaciones más complejas. En todos los casos se trata de hechos delictivos que tienen consecuencias”, agregó Juan Pablo Quinteros.
La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, con el objetivo de determinar el alcance real de la amenaza y establecer si hubo otros involucrados.
En paralelo, el ministro informó que se realizó otro procedimiento en el interior provincial, donde se secuestró un arma tras la detección de un video en el que un menor manipulaba un arma de fuego y hacía referencia a situaciones similares.
Finalmente, reiteró la importancia del rol de las familias y la comunidad educativa en la detección temprana de este tipo de situaciones: “El primer núcleo que puede advertir estos comportamientos es el familiar. Por eso es clave la atención y el acompañamiento”.