El Registro Nacional de las Personas oficializó una reestructuración de su cuadro arancelario que contempla incrementos de hasta el 30% en pasaportes y de hasta el 100% en la tramitación del Documento Nacional de Identidad. La medida, formalizada mediante la Disposición 759/2026 del organismo y la Resolución 151/2026 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior publicadas en el Boletín Oficial, introduce el sistema de Unidades Arancelarias Documentales, cuyo valor base se estableció en $1.000 y comenzará a regir formalmente a los diez días de su promulgación, a partir del 21 de noviembre.
Bajo el nuevo esquema, el pasaporte ordinario con entrega regular se fijó en 130 unidades equivalentes a $130.000, mientras que la modalidad exprés ascendió a $260.000 y el trámite de resolución inmediata en puestos habilitados alcanzó los $429.000. La misma tarifa base de $130.000 regirá para pasaportes excepcionales de extranjeros y títulos de viaje expedidos a apátridas o refugiados, previéndose la reemisión gratuita únicamente ante errores atribuibles a la confección original si se reclama dentro de los 90 días posteriores a la entrega.
En lo relativo al Documento Nacional de Identidad, la tasa para la modalidad regular se fijó en $20.000, el servicio exprés se ubicó en $52.000, el retiro en 24 horas hábiles quedó en $82.000 y la opción de entrega al instante se estableció en $114.000, en tanto que el trámite para residentes extranjeros se determinó en $40.000. El primer ejemplar para recién nacidos de hasta seis meses de vida continuará siendo gratuito.
En paralelo, a través de la Disposición 755/2026 se aprobó un protocolo para personas en situación de vulnerabilidad económica, esquema que entrará en vigencia a los 30 días de su publicación. El beneficio se asignará de manera automática mediante cruces informáticos con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, o mediante la solicitud formal de un Certificado de Gratuidad emitido por profesionales de trabajo social institucionales con validez menor a un mes. La normativa aclaró que poseer el Certificado Único de Discapacidad no exime por sí mismo del pago si no se acredita insuficiencia de recursos ante la Dirección de Servicios de Validación de Identidad.