El Ministerio de Justicia y Trabajo entregó resoluciones posesorias a 66 familias que finalizaron el trámite ante la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos.
En la localidad de Chancaní, funcionarios provinciales se reunieron con autoridades de la comuna para hacer entrega de las resoluciones a 55 familias que accedieron al reconocimiento de la posesión de sus viviendas o terrenos.
La iniciativa se enmarca en la Ley 9150, que brinda sustento jurídico a la política pública de saneamiento de títulos en la provincia y tiene como objetivo proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y no cuentan con los medios necesarios para acreditar la posesión prolongada y de buena fe de un inmueble o terreno.
La normativa fue sancionada en 2004 con especial énfasis en la protección de poseedores ancestrales de las zonas más vulnerables del norte y noroeste cordobés.

“Seguimos llegando a cada rincón de Córdoba para acompañar a las familias y dar respuestas concretas”, dijo Federico García Aspitia, secretario de Gestión Institucional Territorial del Ministerio de Justicia y Trabajo.
En las instalaciones del IPEM 154, la presidenta comunal Alejandra Domínguez fue anfitriona del acto y felicitó a las familias por “este paso tan importante que les brinda tranquilidad y seguridad sobre sus tierras”.
Federico García Aspitia, acompañado por el legislador Jorge Heredia, visitó los hogares de tres familias de Salsacate, dos de Tala Cañada y una de Villa Viso, para entregar personalmente las resoluciones que reconocen la posesión de sus viviendas o parcelas y representan un paso significativo para brindarles mayor seguridad sobre sus tierras.
Con el paso del tiempo, esta política pública, que tuvo sus primeros desarrollos en el norte provincial, fue extendida por el Ministerio de Justicia y Trabajo a habitantes de todo el territorio cordobés.
A través del trámite de saneamiento de títulos que lleva adelante la Unidad Ejecutora, con el acompañamiento de municipios y comunas, vecinos y vecinas pueden acceder a un instrumento público que acredita la posesión de sus viviendas o terrenos y les brinda mayor seguridad jurídica para ellos y sus descendientes.
El título de posesión permite inscribir la vivienda o el terreno en el Registro Personal de Poseedores, lo que otorga publicidad y efectividad a la posesión del inmueble y fortalece la seguridad jurídica de las familias.
