El Gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación del Régimen Penal Juvenil a través del Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial. La normativa, enmarcada en la Ley 27.801, será aplicable a los adolescentes desde los 14 años hasta el momento exacto en que cumplan la mayoría de edad, siempre que sean imputados por un hecho tipificado como delito penal. El documento oficial designa al Ministerio de Justicia como la autoridad de aplicación exclusiva en el ámbito nacional y federal, estableciendo a su vez los mecanismos necesarios para el seguimiento de los jóvenes y la asistencia a las víctimas.
El espíritu de la nueva legislación tiene como finalidad central fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos, priorizando su educación, resocialización y definitiva integración social. Para garantizar el cumplimiento de estos objetivos de manera integral, se dispuso la creación del Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil. Este dispositivo permanente será el encargado de elaborar lineamientos comunes de abordaje, articular la ejecución de las penas e impulsar el intercambio de información estadística. El organismo será coordinado por la cartera de Justicia y contará con la participación activa de representantes de los ministerios de Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud.
De manera complementaria, el decreto estipula la conformación de una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil como un espacio de articulación constante entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su propósito fundamental será armonizar criterios técnicos y procesales en todo el país, facilitar la firma de convenios de cooperación interinstitucional y promover el intercambio de experiencias jurisdiccionales. Esta mesa contará también con la intervención de autoridades designadas por la Corte Suprema de Justicia, la Procuración y la Defensoría General de la Nación. Cabe recordar que la ley original había sido sancionada a finales de febrero con un plazo de 180 días para su implementación, por lo que esta reciente reglamentación marca su entrada en vigencia definitiva en todo el territorio.