A través del Decreto 584/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional otorgó una asistencia financiera de hasta $400.000 millones a la provincia de Córdoba con el objetivo de subsanar necesidades transitorias de liquidez, cubrir compromisos presupuestarios urgentes y afrontar la amortización de deudas. La gestión de los recursos estará a cargo de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, organismo que determinará las sumas efectivas a transferir basándose en la capacidad de repago del distrito y en su nivel de participación en la recaudación de los tributos nacionales. Esta herramienta de financiamiento público se sustenta legalmente en la Ley 11.672, la cual faculta al Ejecutivo central a brindar adelantos de caja a cuenta de la posterior distribución de impuestos federales.
La normativa determina que la administración liderada por el gobernador Martín Llaryora deberá restituir la totalidad de los fondos desembolsados dentro del presente Ejercicio Fiscal 2026. Para garantizar la cancelación de la deuda, la provincia deberá autorizar la aplicación de retenciones automáticas sobre los recursos que le corresponden en concepto de coparticipación federal, así como de otros fondos coparticipables que no posean una afectación específica. En materia de costos financieros, el anticipo devengará una Tasa Fija Nominal Anual del 15% que se calculará sobre el saldo pendiente desde el momento en que se efectúe cada desembolso hasta su devolución definitiva, quedando en manos del Ministerio de Economía la confección del cronograma de pagos y las condiciones de regularización.
La medida se fundamenta en la coyuntura financiera de Córdoba, reflejada en dificultades temporales para responder a las obligaciones presupuestarias más apremiantes de su administración. Desde el Poder Ejecutivo recordaron que este mecanismo de asistencia ya ha sido implementado con anterioridad durante el año corriente para sostener las arcas de otras jurisdicciones del país; tal es el caso de Entre Ríos, que percibió una partida inicial de hasta $220.000 millones, y de las provincias de Santa Fe y Jujuy, las cuales fueron integradas previamente al mismo esquema de anticipos con un tope de hasta $400.000 millones. Por último, la Contaduría General de la Nación tomará el registro formal de la operación como un adelanto de la Tesorería General, mientras Hacienda auditará el cumplimiento del esquema de reintegros.