Un maestro que cumple una condena por abuso sexual de menores en la provincia de La Rioja se recibió recientemente de psicopedagogo dentro del establecimiento penitenciario. A pesar de que el Servicio Penitenciario provincial celebró públicamente el logro académico como un hito de inclusión, el Colegio Profesional de Psicopedagogos emitió un comunicado categórico en el que confirmó que el recluso no será matriculado en la institución ni en ninguna otra jurisdicción del país, con el objetivo irrenunciable de proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes.
El implicado, identificado como Walter Denis Pereyra Fincatti, fue condenado a diez años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de los delitos de abuso sexual simple y promoción a la corrupción de menores, ambos cargos agravados por su condición de encargado de la educación de la víctima. Durante su período de reclusión, el docente decidió cursar la carrera universitaria y, días atrás, el Servicio Penitenciario de La Rioja festejó su graduación con una fotografía en la que la directora general de la fuerza, Analía Tello, posa junto al condenado sosteniendo un cartel de recibido. La publicación oficial, que destacaba el rol de la educación pública como herramienta de transformación, generó un inmediato repudio en las redes sociales debido a que la disciplina elegida por el agresor está directamente ligada al estudio, evaluación y acompañamiento de menores en sus procesos de aprendizaje.
Ante la creciente ola de indignación social, el Colegio Profesional de Psicopedagogos intervino de forma inmediata y fijó su postura técnica y ética a través de un documento oficial. El organismo detalló las razones normativas por las cuales el egresado no podrá ejercer la profesión, fundamentadas en una serie de directrices estrictas:
Cumplimiento de la Ley Provincial N° 10.825: El artículo 43 de dicha legislación establece como requisito obligatorio e indispensable para obtener la habilitación profesional la presentación del Certificado de Antecedentes Penales, un parámetro que el condenado no cumple debido a su sentencia firme.
Prioridad absoluta: La institución remarcó que, ante cualquier tipo de solicitud administrativa, se prioriza de forma innegociable la protección integral de los derechos de las infancias y adolescencias.
Intervención del Tribunal de Disciplina: Los casos de esta complejidad jurídica y moral son derivados de inmediato a la comisión de ética para un análisis exhaustivo articulado con asesores legales.
Coordinación nacional: El colegio provincial puso en conocimiento de la situación a la Federación Argentina de Psicopedagogos (FAP) y a sus delegaciones de todo el país para bloquear cualquier intento de matriculación en otras provincias argentinas.
Los hechos que derivaron en la condena de Pereyra Fincatti ocurrieron entre los años 2017 y 2018. En aquel período, el hombre se desempeñaba como profesor de clases de apoyo de una alumna de tan solo 8 años de edad. Aprovechando los momentos en que se quedaban solos en su domicilio particular, el docente trasladaba a la menor a una habitación para someterla a tocamientos impúdicos. Durante la etapa de investigación judicial, se determinó que el maestro manipulaba a la víctima excusándose en que las agresiones formaban parte de un juego de prendas, al mismo tiempo que la amenazaba advirtiéndole que no debía contarle a nadie lo sucedido porque de lo contrario él perdería su puesto de trabajo.