El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba tomó una decisión clave que cambia la forma en que se aplica un descuento a las jubilaciones de la provincia. El máximo tribunal modificó una orden judicial previa que le prohibía a la Caja de Jubilaciones realizar cualquier tipo de recorte o cambio en el sueldo de un jubilado que había presentado un reclamo. En su lugar, los jueces decidieron una solución intermedia: redujeron un impuesto o descuento adicional, conocido como alícuota, que bajará del 8% al 6%.
Este caso comenzó cuando un jubilado provincial recurrió a la justicia porque consideraba que la Ley de Equidad Jubilatoria afectaba negativamente sus ingresos. En un primer momento, una cámara judicial le dio la razón de forma temporal y ordenó que no se le tocara el sueldo. Sin embargo, el Tribunal Superior revisó esta medida y advirtió que congelar el descuento por completo rompía una regla fundamental del sistema: la proporcionalidad. Según este principio, los ingresos de los jubilados deben subir o bajar en sintonía con lo que cobran los trabajadores activos. Si a los empleados actuales se les aplica un descuento, los jubilados también deben acompañar ese esfuerzo para que el sistema sea justo y equitativo para todos.
El tribunal argumentó que si se mantenía el beneficio total para este jubilado, terminaría cobrando casi el 90% de lo que recibe un trabajador en actividad, superando el límite del 82% móvil. Esto generaría una situación de desigualdad frente al resto de los beneficiarios y pondría en riesgo los fondos comunes que sostienen el sistema para las próximas generaciones. Además, los jueces señalaron que no era justo que todo el peso del sacrificio financiero recayera únicamente sobre los trabajadores activos.
A pesar de esto, el Tribunal Superior reconoció que el escenario económico cambió desde que se sancionó la ley. La provincia recibió nuevos fondos nacionales gracias a un acuerdo reciente firmado con la Administración Nacional de Seguridad Social. Al contar con este nuevo respaldo económico, los jueces consideraron que ya no es necesario aplicar un recorte tan severo, lo que justificó aliviar el bolsillo de los pasivos reduciendo el descuento al 6%.