En las últimas horas, el reconocido abogado Miguel Ortiz Pellegrini asumió la representación técnica de los efectivos policiales de San Francisco del Chañar que fueron pasados a situación pasiva tras una denuncia de una mujer investigada. En declaraciones recientes, el letrado fue tajante al calificar el accionar judicial como una “mala praxis evidente” y asegurar que la fiscalía, a cargo de la Dra. Analía Cepede, “se comió el amague” de una persona sospechada de un grave delito y deslizó que la Fiscal podría ser una persona joven y “sin experiencia” en este tipo de maniobras.
La controversia se originó en el marco de una investigación por un cuantioso robo a un kiosco ocurrido en noviembre. Según la postura de la defensa, los policías —especialistas en el área investigativa con excelentes antecedentes— habían logrado cerrar el cerco sobre una mujer sospechada de ser el nexo clave o autora del hecho. Sin embargo, tras un allanamiento en Colonia Caroya donde se secuestraron teléfonos con información incriminatoria, la mujer denunció a los efectivos por presuntas irregularidades en el interrogatorio y el supuesto pedido de visualización de contenido íntimo.
Ortiz Pellegrini sostuvo que la investigación fue interrumpida “en el momento justo” por una estrategia engañosa de la acusada para mejorar su situación procesal. El abogado desmintió categóricamente que se hayan violado protocolos de testigos, argumentando que la mujer no era una simple testigo sino una investigada, y que todas las actuaciones, incluidas las entrevistas informales, son prácticas habituales y legales dentro de una pesquisa criminal. Asimismo, subrayó que existen grabaciones y registros de comunicaciones que demuestran que la fiscalía estaba al tanto de cada paso dado por los uniformados.
Un aspecto destacado por el defensor fue el inusual apoyo popular que recibieron los policías en San Francisco del Chañar, donde los vecinos se manifestaron públicamente a su favor. Para Ortiz Pellegrini, este respaldo social es un indicio de la eficiencia y honestidad de sus clientes, contraponiéndolo a lo que considera una decisión apresurada y prematura de la fiscalía al desplazarlos de sus cargos.
Actualmente, los efectivos enfrentan la situación de pasividad, lo que implica una reducción salarial y la afectación de sus legajos. La defensa anticipó que, tras analizar detalladamente la documentación y las pruebas de descargo, evaluará la recusación de la fiscal interviniente. “Es inexplicable que quienes estaban por esclarecer un delito terminen siendo los investigados por una maniobra de quien debe dar explicaciones ante la justicia”, concluyó el letrado.