El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen de retiro voluntario destinado exclusivamente al personal de planta permanente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), formalizado a través de la Resolución 144/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial. La iniciativa se inscribe en el marco de las políticas de modernización y eficiencia del gasto público impulsadas por la administración de Javier Milei, con el objetivo de continuar reduciendo la estructura de la planta estatal. Esta medida del Consejo Directivo del organismo replica el camino trazado previamente para los empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El periodo de adhesión para los trabajadores de carrera comenzó el pasado 4 de mayo y se extenderá hasta el 31 del mismo mes, con la posibilidad de una prórroga excepcional de 15 días corridos. Según la normativa analizada por la Agencia Noticias Argentinas, el programa se fundamenta en las facultades otorgadas por los convenios colectivos de trabajo que contemplan el retiro voluntario como una causal válida para la extinción de la relación laboral. Para acceder al beneficio, la Coordinación Nacional de Recursos Humanos estableció como criterio exclusivo poseer una antigüedad mínima de tres años en planta permanente.
Para la estimación económica del plan, la Gerencia de Liquidación de Haberes tomó como base los salarios correspondientes a enero de 2026 y la antigüedad computada al 31 de marzo. El cálculo integra los incrementos salariales acordados para el periodo enero-mayo de este año, los cuales representan una suba acumulada del 10,30% sobre la base de referencia. La resolución otorga a la Dirección General de Administración la potestad de aprobar o rechazar las solicitudes, las cuales deben ser tramitadas por los agentes mediante los canales digitales y administrativos dispuestos por el organismo.
Existen condiciones restrictivas para los aspirantes al retiro, quedando excluidos aquellos agentes que se encuentren procesados o condenados por delitos contra la administración pública, quienes enfrenten procedimientos disciplinarios, o aquellos que ya hayan iniciado el trámite jubilatorio o presentado su renuncia. Asimismo, quedan fuera quienes superen los 65 años o mantengan litigios laborales pendientes con el Estado. El personal que resulte seleccionado percibirá una gratificación extraordinaria única de egreso equivalente a 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses.
El monto final de la indemnización estará sujeto a la edad del trabajador al momento del cese. Los agentes de hasta 60 años podrán aplicar la fórmula base sin restricciones adicionales. En cambio, para quienes tengan entre 61 y 63 años regirá un tope máximo de 24 haberes brutos, mientras que para los trabajadores de 64 años en adelante el límite se reducirá a 12 haberes brutos. La gratificación se abonará en una sola cuota dentro de los 30 días posteriores a la fecha de cese efectivo, cumpliendo con la normativa fiscal y previsional vigente.