El Gobierno de la Provincia de Córdoba oficializó este lunes la puesta en marcha del sistema diseñado para recuperar los gastos derivados de operativos por amenazas, actos de violencia y conductas de riesgo dentro de los establecimientos educativos. La medida entró en vigencia plena tras la publicación en el Boletín Oficial de la resolución del Ministerio de Seguridad que aprueba el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos, brindando el marco legal necesario para que el Estado pueda reclamar económicamente a los responsables por el despliegue de recursos públicos.
Aunque el ministro Juan Pablo Quinteros ya había anticipado los lineamientos de esta decisión semanas atrás, la novedad radica en la formalización del mecanismo administrativo que habilita el reclamo de los costos operativos. La normativa busca proteger el presupuesto provincial y fomentar un uso responsable de los servicios de seguridad y emergencias, asegurando que el impacto financiero de estas situaciones no recaiga sobre la administración pública cuando se trate de hechos evitables o falsas denuncias.
El procedimiento administrativo se activa a partir de la intervención del Ministerio Público Fiscal, organismo encargado de identificar tanto a los autores de los hechos como a sus adultos responsables en caso de tratarse de menores de edad. Una vez determinado el origen del incidente, las autoridades proceden a elaborar un expediente detallado con todos los registros del operativo para cuantificar los gastos incurridos. Este cálculo incluye el despliegue de personal policial, la movilización de servicios de emergencia, el uso de brigadas especiales y toda la logística afectada a la situación de riesgo.
Tras la determinación de la cifra adeudada, se emite una intimación de pago con un plazo perentorio de cinco días hábiles. En caso de que los responsables no cumplan con el resarcimiento en el tiempo establecido, el protocolo dispone la intervención inmediata de la Fiscalía de Estado, que quedará facultada para iniciar las acciones judiciales pertinentes para el recupero de los fondos.
Con la publicación de este protocolo, Córdoba consolida una política orientada a desalentar la proliferación de falsas amenazas y conductas disruptivas en el ámbito escolar. Al establecer consecuencias económicas directas para quienes generen estos incidentes, el Gobierno busca no solo recuperar la inversión realizada en cada despliegue, sino también sentar un precedente sobre la responsabilidad civil y el costo que los hechos de riesgo representan para el conjunto de la sociedad.