A través del Decreto 217/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decidió diferir nuevamente la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono. De esta manera, los incrementos remanentes correspondientes a los años calendario 2024 y 2025 para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil recién tendrán efecto a partir del mes de mayo.
Según los considerandos del documento oficial, la medida se tomó con el firme propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible. El Ejecutivo consideró necesario volver a postergar estos ajustes impositivos para evitar una mayor presión sobre los precios en los surtidores, en un contexto donde la inflación ha mostrado signos de aceleración en los últimos meses.
A este panorama local se le suma un complejo escenario internacional. La creciente presión sobre los precios energéticos, impulsada por la guerra en Medio Oriente entre Irán, Estados Unidos e Israel, mantiene en alerta a la administración nacional. Las autoridades esperan que para el mes de mayo el conflicto bélico haya cesado o amainado, permitiendo que el precio del barril de petróleo se aleje de la peligrosa zona de los 100 dólares.
Desde mediados de 2024, la gestión encabezada por Javier Milei ha recurrido al desdoblamiento o la postergación de estos tributos en reiteradas oportunidades como un mecanismo para contener el costo de vida. Cabe recordar que desde septiembre del año pasado se dispuso que estas subas se calculen con base en la inflación y se actualicen de forma trimestral, estableciendo además un monto fijo diferencial para el gasoil consumido en la Patagonia, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.
Sin embargo, esta estrategia de contención de precios no resulta gratuita para las arcas del Estado. De acuerdo con las estimaciones de la consultora privada Economía y Energía, las sucesivas postergaciones de los aumentos impositivos aplicadas a lo largo de 2025 implicaron para el Estado nacional una importante resignación de ingresos fiscales, calculada en un total de 2.326 millones de dólares.